Ante la suspensión de la reglamentación de la nueva ley minera por parte del gobernador, peronistas y críticos de la megaminería, se abroquelaron para anularla.
Después de apoyar la reforma de la 7722, ahora el PJ pide su derogación
"Desde el Frente de Todos Mendoza solicitamos la derogación de la Ley 9209 para poder empezar el diálogo desde foja cero, Cualquier otra instancia que no sea vinculante, puede ser interpretada como una maniobra dilatoria.
"Desde un primer momento dijimos que íbamos a discutir la matriz productiva de Mendoza de forma responsable. Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez.
"Frente al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad. En su momento, aclaramos también, junto a nuestros legisladores provinciales, que el único lugar que contaba con dicha licencia era el departamento de Malargüe. Por todo lo expuesto reiteramos nuestro pedido de que se derogue la norma mencionada para comenzar la búsqueda del consenso".
Este es el texto del comunicado del peronismo que volvió a ponerse en el rol de opositor, después de dar su apoyo partidario a la sanción de la norma 9902 conocida desde el viernes 19, cuando se aprobó en la Legislatura, como la "ley minera".
El gobernador Rodolfo Suarez anunció que frenó la reglamentación de la ley ya que su promulgación generó un descontento social de grandes magnitudes y con la amenaza de un boicot a los festejos vendimiales.
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Por eso recalculó con esta medida intentando un acercamiento con mendocinas y mendocinos que rechazan la 9902 por el espanto colectivo que origina el uso de sustancias peligrosas en los procesos mineros ejecutados a cielo abierto.
También se supo de la presentación de un proyecto de derogación de parte de quienes ya se habían manifestado con su voto negativo en el recinto parlamentario.
Es un grupo de siete diputados encabezados por el sancarlino Jorge Difonso. Además el también ex intendente de San Carlos confirmó que sostiene la idea de presentar ante la Corte local una acción de inconstitucionalidad.