Mientras afuera de la Legislatura se manifiestan a favor y en contra de la minería, dentro del recinto del Senado se aprobó 29 a 7 la reforma de la Ley 7722.
El Senado de Mendoza avaló la reforma de la 7722
Finalmente, este viernes el Senado de Mendoza avaló la reforma de la ley minera 7722 para habilitar el desarrollo metalífero en esta provincia, en medio de manifestaciones a favor y en contra de la movida.
El primero en hablar, al comienzo del debate, fue el senador del oficialismo Marcelo Rubio, quien aseguró que se han perdido 5 mil millones de pesos de inversiones por la aplicación de la ley 7722 en la última década.
El legislador describió parte del informe del Diálogo minero desarrollado desde 2016. Después se refirió al proceso de debate legislativo en las comisiones para tratar los proyectos de los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. Y recordó que ese debate se suspendió por el proceso electoral donde los dos principales candidatos hablaron de la minería.
Rubio recordó que ese debate se suspendió por el proceso electoral donde los dos principales candidatos hablaron de la minería y defendió el proyecto del gobernador Rodolfo Suarez al esgrimir que fue un proyecto abierto para incorporar los aportes de la oposición.
"La ley pone énfasis en la tutela de los recursos hídricos", dijo Rubio, al tiempo que enumeró todas las leyes incorporadas al proyecto para la protección del agua y de los tratados de protección de áreas de glaciares y superficies periglaciares.
Ver además: Después de 12 años hoy se reformará la ley "antiminera"
En otro orden de cosas, el legislador informante enfatizó en la creación de un portal digital donde estará alojada toda la información de los expedientes mineros y el seguimiento de los procesos de los proyectos mineros.
Para terminar, puso en valor la creación de la alícuota del 1,5 por ciento de la venta del mineral destinada a las obras de canalización e impermeabilización de canales de riego.
Concretamente, para Rubio hay tres ejes de debate: cuidado ambiental, cuidado del agua y la licencia social. En eso se basa la regulación del Estado fijada en este proyecto.
Ya hay despacho de minoría y lo defiende Lautaro Jiménez del FIT, al tiempo que advierte que hay mucha movilización en las calles de Mendoza en el Valle de Uco y Uspallata para intentar frenar la reforma.
A su vez, el legislador hizo hincapié en la discusión química que refiere al permiso para el uso del cianuro y el ácido sulfúrico en los procesos mineros.
"No hubo debate sobre esto", dijo el senador de la izquierda y añadió que sólo hubo dos científicos de la UNCuyo que advirtieron que ese uso era peligrosos y estaban en contra.
Jiménez denunció que hubo un pacto entre el radicalismo local y el PJ, desde el gobierno nacional, para destruir la ley. A su vez, presentó como una "falacia" el hecho de que la minería aporte puestos de trabajo.
Mostró a ese respecto un comparativo entre la minería en San Juan y el petróleo convencional de Mendoza. De acuerdo a esos datos, Mendoza aventaja a la provincia vecina en ocupación.
"El problema real está en la coparticipación federal", dijo el legislador, y advirtió que la provincia recibe 31 mil pesos por habitante mientras que San Juan recibe 61 mil pesos por habitante. "Por eso hay más inversión pública", afirmó el parlamentario.
Finalmente, Jiménez vinculó la aprobación de la ley con un movimiento "extractivista" que avanza en la región sudamericana.
Luego habló Alejandro Abraham (PJ), quien pidió la palabra para avisar que votará a favor de la reforma por su "propia convicción", más allá de la postura de Alberto Fernández.
El legislador defendió el uso del cianuro, al que definió como un producto ocupado en otras industrias. "Esto es más un cliché que un argumento valedero", aseguró. Y justificó el sistema de controles establecidos en la nueva ley.
En otro orden de cosas, Abraham le respondió a Jiménez señalando que San Juan tiene pleno empleo mientras que Mendoza tiene un 8 por ciento de desempleo. Finalmente, pidió aprobar la ley para sacar los preconceptos y así combatir el hambre y el desempleo.
Luego llegó el turno de Ernesto Mancinelli (Cambia Mendoza), quien sostuvo que los argumentos de un lado y del otro son recurrentes, y advirtió que observa que hay grandes riesgos ambientales y poca rentabilidad.
El legislador, presidente de la comisión de Ambiente, habló de la confrontación de dos crisis: la económica y la ambiental, que se contraponen.
"Entre 2009 y 19 se han reducido más de 8 metros los glaciares en Mendoza según el Ianigla. Hay que superar las dos crisis y no una en desmedro de la otra", afirmó.
También habló de diversificar la matriz productiva con la industria del conocimiento y recordó que el gobernador habló del cultivo del cannabis con fines medicinales. Anuncia el rechazo del bloque de Libres del Sur.
Luego de Mancinelli, pidió la palabra Andrea Blandini (PJ) a efectos disentir y rechazar el proyecto, reclamando la ampliación de la matriz productiva en las actividades "no contaminantes" como el turismo.
Menciona la legisladora que el consenso social para aprobar esta ley es lo que falta porque sino no habría tanta movilización, a favor y en contra. "Sino, no estaríamos tratando la ley con el edificio vallado", añadió.
Blandini puso en duda la creación de la policía ambiental, ya que "debería estar creada por la ley 7722 y no existe actualmente". La senadora puntualizó que habrá un fallo de inconstitucionalidad en el futuro por parte de la Corte local y eso traerá otros juicios de parte de las mineras que no podrán avanzar con sus actividades.
Asimismo, advirtió que no hay infraestructura necesaria para atender una demanda de atención sanitaria si se desarrolla en la zona cordillerana. Y citó a Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa cuando habló del cuidado del medio ambiente. Entonces, el presidente invocó la encíclica ecológica llamada Laudato. "Soy senadora el tercer distrito por eso voy a votar en contra", aseveró.
Acto seguido, tomó la palabra el senador Fernando Alin (Socialismo), quien dijo que no le cree a ninguna megaminera y anunció el rechazo a la reforma, invocando el fallo de la Corte. A su vez, denunció que ha sufrido dos atentados por fijar esta postura.
Florencia Canale y Silvina Camiolo defendieron la ley en tratamiento.
Entretanto, los senadores peronistas Leo Viñolo y Bartolomé Robles de Alvear y San Martín anunciaron sus votos en contra de la reforma. Ergo, hasta son 7 votos en contra.
A la hora de hablar, Marcelo Romano (Protectora) dijo que es "un día emocionante y negativo". Hizo un recorrido de la historia previa a la sanción de la 7722 y recordó lo ocurrido en 2005 con la instalación de Veladero en San Juan.
También se acordó de su padre Mario, inspector de cauce, cuando le pidió al director de Minería y este le respondió que había dos emprendimientos mineros.
"Les digo que respiro la misma atmósfera que respiré entre 2005 a 2007, aquello que creamos y ahora vamos a desarmar", dijo Romano. E insistió que "todo esto en 2005 fue el inicio de la historia de la 7722 en San Carlos".
Romano les facturó a Enrique Vaquié y a Tadeo García Zalazar por el cambio de posturas respecto de la ley que promovieron y dijo que el vicegobernador Mario Abed no preside ahora esta sesión "porque no está de acuerdo con la reforma".
Advirtió el legislador que estos argumentos que son registrados en la versión taquigráfica serán parte de los argumentos de una acción de inconstitucionalidad que caerá no bien esté vigente la ley.
El que siguió en la palabra fue Pablo Priore, quien defendió la reforma. Por su parte, Lucas Ilardo se apoyó en el argumento malargüino de la "identidad cultural" del pueblo sureño.
El jefe del bloque del PJ apuntó al resultado electoral "que dotó al gobernador para hacer esta reforma", por lo cual al peronismo no le quedó otro camino que "hacer aportes para esa ley que ya estaba en marcha".
El último en hablar fue Alejandro Diumenjo (Cambia Mendoza) quien puntualizó que con esta norma no se está ampliando la matriz sino que se está "recuperando". A su vez, se "puso al hombro" el proyecto y anticipó que el desarrollo minero llevará años de aplicación por lo que "es una ley pensando en las nuevas generaciones".
(*) Fotos gentileza Senado Mendoza