El máximo tribunal modificó la jurisprudencia y ahora determinó que una persona debe ir a prisión cuando acabe todo el proceso y se superen todas las instancias.
Lula quedará libre porque la Corte de Brasil anuló su arresto
Por 6 votos a 5, la Corte Suprema de Brasil cambió la jurisprudencia sobre el cumplimiento de la condenas después de la segunda instancia, lo cual permitirá la liberación en las próximas horas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión del máximo tribunal fue la conclusión de un juicio muy complejo que captó la atención de los brasileños, latinoamericanos y de otros lugares del mundo.
La Corte alteró la jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.
Pero la resolución de este jueves establece que una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.
La votación quedó empatada 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recayó en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli.
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Ahora, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados de la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en Petrobras, además del ex presidente.
El día del triunfo, Alberto Fernández y su círculo pedía por la libertad de Lula.
La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.
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Quienes abogaban por el encarcelamiento después de la segunda instancia invocan la lucha contra la impunidad, en un país donde las personas capaces de pagarse buenos abogados podían arrastrar sus procesos hasta el plazo de prescripción.
Los partidarios de modificar la norma defendieron, en cambio, el respeto a la presunción de inocencia y la letra de la Constitución.
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