Vuelta al 2002: el plan de Alberto Fernández para combatir la crisis

En estas horas, el equipo que comanda Alberto Fernández estaría trabajando en una ley ómnibus para estabilizar el severo cuadro económico que afronta el país, semejante a la de Emergencia Económica de 2002 que sancionó el Congreso y pobló de poderes excepcionales al mandato de Eduardo Duhalde.

Orientado a los fines más diversos, el régimen fue prorrogado de año en año hasta enero de 2017, o sea, rigió durante 16 ejercicios consecutivos.

Según diario Clarín, a raíz de esta iniciativa, podrían entrar tanto aumentos como rebajas de impuestos; ajustes fiscales; reformas financieras y cambiarias; pagos de la deuda y, al fin, todo aquello que habría necesitado la venia previa del Congreso. Allá por tiempos de Duhalde, se permitió la pesificación de créditos y de tarifas; la desindexación de todas las operaciones; las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos; la doble indemnización por despidos y la posibilidad de regular el precio de los alimentos.

La idea inicial pasaría por un acuerdo de precios y salarios, con una pauta común asociada al objetivo de achicar la inflación: el 35%. Se analiza un plus para los sueldos rezagados. Habría eso y bastante más que eso, dicen fuentes privadas. Se habla de un aumento del mínimo no imponible de Ganancias y una rebaja de los aportes patronales al sistema previsional.

Habría, entonces, una frutilla para la dirigencia sindical y otra para las centrales empresarias y ambas, a cargo del Estado nacional y de los estados provinciales. Junto a otras, las dos serían instrumentadas al amparo de la ley ómnibus.

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Según Clarín, en el equipo de Alberto insistirían en colocar al frente del emprendimiento a Roberto Lavagna. Funcionaría igual a un sello de garantía y sería una alternativa al Ministerio de Economía, un cargo del que el ex candidato de Consenso Federal no quiere ni hablar.

Buscarían acercarse al plan Remes Lenicov de 2002, que colocó el objetivo en la salida de la convertibilidad, que fue continuado por Lavagna y contribuyó al fin a dejarle el terreno allanado a Néstor Kirchner. En ese entonces hubo un equipo de 15 especialistas y otro grande de abogados, que venían años trabajando juntos desde cuando advirtieron que la convertibilidad se iba transformando en una encerrona sin salida.