Hay tres imputados. La empresa, que estaba a cargo del Grupo Macri, mantiene una deuda desde 2001. Con los intereses el monto adeudao llegó a $70 mil millones y fue condonada por el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Llega a la Corte la causa del Correo Argentino por "quita abusiva de deuda"
La causa en la que se investiga la posible comisión de delitos penales en el marco del concurso del Correo Argentino S.A. llegará a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar este jueves a los recursos extraordinarios planteados por las defensas de tres de los imputados.
Fuentes judiciales explicaron que se trata del expediente en el que está imputado el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el ex subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa; el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de esa empresa compañía, Jaime Kleidermacher; quienes ya fueron indagados por el juez federal Ariel Lijo.
Los imputados fueron acusados de promover en diciembre de 2016 un acuerdo que incluía una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, en el marco del concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. por las deudas que la empresa del Grupo Macri tiene desde el 2001.
Mocoroa, Cibilis Robirosa y Kleidermacher habían planteado una "excepción de falta de acción" para que la causa se cerrara bajo el argumento de que no cometieron ningún delito porque, entre otras cosas, el acuerdo jamás se cerró, porque se opuso al mismo la fiscal de la Cámara Comercial Gabriel Boquín.
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Ese planteo fue rechazado por el juez Lijo, por la Cámara Federal porteña y luego por Casación, que ahora aceptó el recurso extraordinario para que el incidente llegue a la Corte Suprema, donde sus miembros deberán decidir si lo tratan o lo rechazan in límine.
La vía fue habilitada por decisión de una mayoría de sala IV del máximo tribunal penal conformada por los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky; mientras que su colega Gustavo Hornos votó en disidencia.
"Si bien no se dirigen contra una sentencia definitiva, en sus impugnaciones las partes han fundamentado que la sentencia puesta en crisis resulta equiparable a tal en virtud de que sus consecuencias pueden llegar a afectar el derecho federal invocado, acarreando un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior", sostuvieron los jueces Carbajo y Borinsky.
"En esta oportunidad ha sido invocada la violación al principio de legalidad a partir de las conductas imputadas y la vulneración de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en juicio", remarcaron.
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