El presidente Moreno y las organizaciones pactaron levantar medidas de ajustes.
Ecuador: la ONU y la Iglesia ratificaron el acuerdo gobierno-indígenas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejercen de mediadores en la crisis política de Ecuador, ratificaron este lunes que el acuerdo negociado por el gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas.
A esa calma inicial que permite avizorar el entendimiento se contrapuso en las últimas horas la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, a quien el Ejecutivo considera una de las instigadoras de las manifestaciones.
La ONU y los obispos encabezaron la llamada "mesa técnica" en la que estuvieron nueve representantes por parte de los indígenas y seis por parte del Gobierno y del que surgió el acuerdo para dar marcha atrás al conocido como "paquetazo", que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible y derivó en once días de protestas.
Moreno y las organizaciones, reunidos.
En virtud de ese pacto, "se deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión", explicó la oficina de la ONU en un comunicado difundido esta madrugada.
Además, añadió que "se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral", reprodujo la agencia Télam.
Ese programa deberá tener en cuenta que las ayudas "no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas", lo que implica introducir "criterios de racionalización, focalización y sectoralización".
Algunas de los enfrenamientos en las manifestaciones.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró la "solución para la paz" alcanzada en las últimas reuniones, en virtud de la cual "el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, que insistió en todo momento en la necesidad de derogar -y no modificar- el decreto dio por terminadas las movilizaciones pero volvió a pedir la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Las protestas dejaron al menos 7 muertos, 1.340 heridos y más de 1.100 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Hubo siete muertos y más de 1.300 heridos en Ecuador.
La Justicia acusa de terrorismo a 33 personas, de las cuales 27 estarían vinculadas con el asalto a la sede central de la Contraloría, que sufrió graves daños tras un incendio.
La calma con la que amanecieron Quito y otras ciudades del alrededor contrastó con la denuncia de que la prefecta Pabón -ex funcionaria de Moreno- fue detenida esta madrugada y su domicilio allanado.
Para el Gobierno, la prefecta sería una de las instigadoras de las movilizaciones que terminaron en saqueos y actos de violencia y vandalismo.
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