Mike Pompeo, reconoció hoy que presenció la llamada telefónica de julio en la que Trump pidió al presidente de Ucrania investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral demócrata en 2020.
Arde la pelea entre Trump y el Congreso por el proceso de juicio político
El conflicto de poderes en Estados Unidos por la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump dio hoy otra vuelta de tuerca, luego de que el Congreso advirtiera que la resistencia del Gobierno a permitirle interrogar a testigos podría equivaler también a un delito susceptible de otros procesos de destitución.
De visita en Italia, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reconoció hoy que presenció la llamada telefónica de julio en la que Trump pidió al presidente de Ucrania investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral demócrata en 2020, y que está en el centro de la investigación lanzada por la oposición demócrata.
En conferencia de prensa, Pompeo, un férreo defensor de Trump, volvió a acusar a los demócratas de "hostigamiento e intimidación", un día después de haber advertido que no iba a permitir que funcionarios de la cartera a su cargo cumplan con citaciones a declarar y órdenes de entregar documentos emitidas por el Congreso.
Sin embargo, los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, lograron agendar encuentros a puertas cerradas con dos personas que ya no están bajo las órdenes de Pompeo, el ex enviado especial para Ucrania Kurt Volker y la ex embajadora en Kiev Marie Yovanovitch, para mañana y la semana próxima, respectivamente.
En una señal de la virulencia que está tomando el enfrentamiento, Trump tuiteó anoche que la investigación de juicio político en su contra por presunto abuso de poder es un "golpe" que pisotea la voluntad popular.
La escalada de acusaciones y advertencias agrava aún más la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo desatada la semana pasada por la decisión de los demócratas de iniciar una investigación de juicio político contra el republicano Trump.
El escándalo se desató a partir de una denuncia elevada a superiores por un integrante de los servicios secretos que se enteró del contenido de la llamada de julio entre Trump y el presidente de Ucrania.
En la denuncia, hecha pública la semana pasada por el Congreso, el informante, cuya identidad se desconoce, acusó a Trump de haber abusado de su poder al solicitar a su par Vladimir Zelenski que investigara a Biden y a su hijo, Hunter, que fue directivo de una empresa de gas de Ucrania cuando su padre fue vicepresidente de Barack Obama.
"Yo estuve en la llamada" del 25 de julio, admitió hoy Pompeo consultado por periodistas en Roma, y explicó que, como jefe de la diplomacia estadounidense, está familiarizado con la política de su país respecto a Ucrania.
El secretario de Estado volvió a mostrarse desafiante y afirmó que las comisiones parlamentarias de la cámara baja que llevan adelante la investigación sobre Trump se "contactaron con empleados del Departamento de Estado directamente", y no con sus superiores, y les dijeron que no buscaran el asesoramiento legal de la cartera.
Pompeo dijo que el ministerio a su cargo cumplirá con su "deber constitucional de cooperar" con el Congreso pero no tolerará "hostigamiento e intimidación", informó CNN.
Los congresistas investigadores respondieron que sería ilegal que el secretario de Estado intentara proteger a Trump impidiendo que los funcionarios hablen en el Congreso.
"Cualquier esfuerzo por intimidar a testigos o impedir que hablen con el Congreso -incluyendo a empleados del Departamento de Estado- es ilegal y constituirá evidencia de obstrucción de la investigación de juicio político", dijeron tres demócratas presidentes de comisiones, entre ellos Adam Schiff, de la Comisión de Inteligencia.
En un comunicado conjunto firmado además por Eliot Engel, de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Elijah Cummings, de Supervisión, los legisladores dijeron que "el secretario Pompeo es ahora un testigo presencial en la investigación de juicio político".
Pompeo "debería cesar de intimidar a testigos del Departamento (de Estado) a fin de protegerse a sí mismo y proteger al presidente".
Los demócratas recordaron que la "obstrucción de la investigación" fue uno de los artículos en los que se sustentó la investigación de juicio político contra el republicano Richard Nixon, quien renunció a la Presidencia en 1974 ante la firme posibilidad de ser sometido al procedimiento constitucional de destitución propiamente dicho.
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