Qué tenemos que aprender de Johana

A siete años de la desaparición de Johana Chacón, la cara de la niña que desapareció el 4 de septiembre de 2012 se ha convertido en un símbolo para la sociedad mendocina.

El caso tomó relevancia porque la comunidad de Tres de Mayo en Lavalle se movilizó para encontrarla. Silvia Minoli, la directora de la escuela Nº 1-182 Virgen del Rosario a la que asistía la niña en ese momento, fue la cara visible de esta lucha.

"Debemos construir entre todos la relación familia, comunidad y escuela. Para eso necesitamos escuelas abiertas de verdad, escuelas convocantes, escuelas contenedoras, de excelencia pero no solamente en los contenidos curriculares. La calidad es todo, pero para llegar a la construcción del conocimiento hay que tener sí o sí un contacto de afecto", sostuvo Minoli en reiteradas ocasiones.

La docente asegura que el caso de Johana significó un quiebre en la sociedad mendocina en cuanto a la necesidad del reclamo y la protesta cuando algún niño o niña no está siendo ayudado por el estado. Así como también ha sido una bisagra en cuanto a la violencia de género y en la necesidad de que las mujeres reclamen y hagan las denuncias para que se sientan acompañadas y sean acompañadas por todos los organismos que las tienen que acompañar.

"El nombre de Johana nos interpela como sociedad porque es el símbolo al reclamo a los poderes del estado para que colaboren, ayuden y cumplan también con la obligación que tienen con los niños y adolescentes que viven situaciones muy parecidas. Son chicos que no se quejan, que naturalizan la situación de pobreza pero pueden correr peligro y que alguien los dañe. Los vecinos, todos los ciudadanos, debemos ser capaces de denunciar cuando las situaciones no sean atendidas por el estado como deben ser", aseguró Minoli.

Una niña vulnerable, un estado ausente

En una entrevista que concedió a Unidiversidad en septiembre de 2017, la entonces titular de la Dirección de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos de la comuna de Lavalle, Ana Menconi, reconoció que los mecanismos que pusieron en marcha para asistir a la familia fallaron. Al mismo tiempo destacó que informaron a organismos provinciales respecto de signos de alarma que advirtieron luego de analizar la situación en la que vivían.

Johana y sus cuatro hermanos vivían en una situación de extrema vulnerabilidad luego de que sus padres se separaran. Vivieron un tiempo en Tunuyán con su mamá y luego volvieron a Tres de Mayo con su papá.

Allí se instalaron en la finca que administraba Luis Curallanca, en la que vivía con su esposa, María Ruarte y con el hijo de la mujer Mariano Luque, quien luego del juicio fue condenado a 24 años de prisión por el homicidio de Johana.

Curallanca contaba incluso con un papel en el que constaba la tenencia provisoria de la hermana de Johana, Beatriz, pero que nunca quedó efectiva. Tanto ella como Johana se quedaron a vivir en la finca mientras que sus hermanos iban y venían. En la puerta de ese predio fue vista por última vez la pequeña de 13 años.

Beatriz inició una relación con Luque y como producto quedó embarazada de gemelos que perdió pocos días después de que nacieron. Ella mantuvo una relación con él incluso mientras él permanecía en prisión.

Tiempo después la mujer volvió a vivir con su madre y le reconoció que fue testigo del asesinato de su hermana cuando Luque la ahorcó. Al respecto, dos compañeras que testificaron en el juicio relataron que la niña les contó que Luque abusaba de ella, y aseguraron que nunca le contaron esa confidencia a nadie.

Actualmente, los hermanos de Johana tanto como los hijos de Soledad Olivera siguen viviendo en la misma situación de extrema vulnerabilidad a tan solo unos 40 km del centro de Mendoza.

Las escuelas públicas y privadas de Mendoza reflexionan hoy, como hace algunos años, en el marco del Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana gracias a la presentación de un proyecto de ley por parte de Silvia Minoli basado en tres ejes: Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes , Trata de Personas y Violencia de Género, tomando como marco el que brindan las leyes 26.061, 26.364, 26.485 y su modificatoria 26.842.