Fue uno de los puntos divergentes en el primer debate entre los candidatos a gobernador. La falta de empleo y la crisis hídrica son determinantes en esta discusión. La ley antiminera bajo la lupa de los votantes.
Voto 19: la ley 7722 es la diferencia entre Suarez y Fernández Sagasti
Los aspirantes a la gobernación con más posibilidades de ganar las elecciones del 29 de septiembre dejaron ver sus diferencias sobre ejes centrales para el futuro de los mendocinos.
El radical Rodolfo Suarez y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti son los referentes con más intención de voto y por eso son los más observados cuando hablan de generación de empleo privado y crisis hídrica.
Se notó esa diferencia entre los candidatos, que marca la ley 7722, la cual restringe la actividad minera metalífera en Mendoza. Estas necesidades fueron planteadas durante el primer debate entre los postulantes a suceder a Alfredo Cornejo que mantuvieron en el Aula Magna de la Universidad Maza.
No incluimos en este panorama a Noelia Barbeito (FIT) y José Luis Ramón (Protectora) quienes, como candidatos a la conducción provincial, directamente rechazan la instalación de estos proyectos industriales y ponen como bandera la norma y declaman que "el agua en Mendoza no se toca".
Lo que abunda es la escasez
Es tiempo de urgencias económicas evidentes y escasez progresiva de recursos renovables.
Esta combinación parece una encrucijada cuando se trata de la creación del empleo productivo y a la vez la necesidad de cuidar el agua indispensable. Ambos son factores determinantes para el desarrollo de la población mendocina.
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Veamos cuáles son las alternativas que muestran Suarez y Fernández Sagasti. Se sobreentiende que de estas dos personas saldrá quien gobierne Mendoza a partir de diciembre.
Es una certeza de acuerdo a la tendencia ya marcada por las PASO provinciales que puso a Suarez 7 por ciento de los votos por encima del frente peronista. Aunque Fernández Sagasti se ha potenciado como retadora gracias al resultado de las primarias nacionales del domingo 11 donde el kirchnerismo arrasó con la fórmula Fernández-Fernández recolectando el 47 por ciento de los votos.
La arenga de Rody
Cuando se habla de generación de empleo, Suarez aprovecha para vincular el tópico con el cuidado del agua.
Sabe que uno de los flancos criticables de la minería metalífera y el petróleo pesado y no convencional es el consumo de agua dulce que demandan los procesos industriales extractivos. Por eso recurre y muestra una puerta entreabierta que es la buena función del Estado para controlar y a la vez promover estas actividades.
"Tiene que ver con nuestro desarrollo y el potencial que tenemos en Vaca Muerta, cerca del 35 por ciento en nuestra provincia, también en Llancanelo con el petróleo pesado. Animarnos a hacer minería responsable controlando el agua en aquellos lugares en donde haya consenso social. Vamos a generar por lo menos 20 mil puestos de trabajo de forma inmediata con estas medidas. Hay que animarse con coraje", dijo el martes mientras los escuchaban los otros tres competidores.
El radical no lo expresa concretamente, pero sus conceptos apuntan a modificar la norma y que se permita el desarrollo minero (y petrolero) en las áreas donde hay poblaciones y condiciones objetivas para realizarlas.
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Lo dice por Malargüe donde se encuentra la parte del yacimiento de Vaca Muerta y hay proyectos mineros que tienen que pasar el filtro de la 7722 en la Legislatura, de hecho mencionó a Hierro Indio el proyecto que no requiere de agua en su modo de obtención mineral.
Estos argumentos fueron idénticos a los que el intendente de la Capital expresó el mayo pasado al Post cuando era precandidato a gobernador.
Ana a la defensiva
Fernández Sagasti fue la candidata que tuvo que dar respuestas a cada uno de los otros tres debatientes del martes. Se entiende esto como una consecuencia de ser la representante en Mendoza de Alberto Fernández, el candidato a presidente favorito al ser más votado en las elecciones PASO nacionales que hoy se presenta en Mendoza.
Es decir, Anabel goza del beneficio de la ola de votos kirchnerista pero también debe responder en consecuencia como la delegada de Alberto y Cristina en Mendoza.
Dado este escenario fue importante escucharla cuando se refirió a la crisis hídrica que no afloja y tiende a extenderse.
"Hay que cuidar el agua y hace 6 años que estamos en crisis hídrica. Hay que hacer muchas obras. Mucha tecnología dentro de las fincas. Se pierde el 35 por ciento del agua por el riego por manto", dijo la senadora nacional.
Después tuvo que responder la repregunta de Ramón quien le marcó una contradicción partidaria porque el senador peronista Alejandro Abraham (candidato a intendente de Guaymallén) presentó un proyecto para modificar la ley, en especial sacando a la Legislatura del control de los proyectos mineros.
"No me gusta que me pongan voz, ni a ningún ciudadano de Mendoza, por eso estoy acá para hablar por mí misma", advirtió. "Hay distintas posturas dentro de mi partido como en el tuyo también Ramón", insistió.
Finalmente explicó su postura: "Entiendo que la 7722 es la institucionalidad a la que hemos llegado. Creemos que se puede ampliar la matriz productiva con esta ley. Y vamos a seguir trabajando fervientemente para proteger el agua que puede ser contaminada no sólo por la minería sino por los químicos que arrojan otras empresas".
Ergo, si fuera por ella el proyecto legislativo de Abraham debería ser archivado y moverse dentro de los márgenes que impone la regla defendida por los ambientalistas.
De todos modos Fernández Sagasti tiene el reclamo por dentro de los malargüinos con la insistencia del ex intendente Juan Agulles que propone generar "parques mineros". Como si fueran regiones exceptuadas de la aplicación de la 7722 donde hay consenso social, tal como lo plantea el candidato radical.
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Por eso conviene rescatar lo que Fernández Sagasti le dijo al Post en mayo pasado sobre el desarrollo de la minería como herramienta de generación de riqueza y empleo. "Estoy dispuesta a discutirla en el marco de la ley que tenemos hoy que es la 7722 y en los lugares donde haya consenso para aplicarla y estoy convencida que tenemos que tener una empresa provincial minera para acompañar a todos los proyectos que se puedan hacer en ese marco".
Conclusión: En este chequeo entonces queda claro que la peronista no está dispuesta a revisar la norma, al contrario del radical quien se pone como garantía para que se haga una minería "responsable".