Las escuchas fueron solicitadas por el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, en el marco de una investigación por narcotráfico.
La Corte se despegó de la filtración de llamadas a ex funcionarios
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), oficina encargada de intervenir teléfonos por orden judicial y dependiente de la Corte Suprema de Justicia, negó haber filtrado las escuchas telefónicas que se conocieron en los últimos días de ex funcionarios y empresarios detenidos en el marco de causas de presuntos hechos de corrupción.
En ese sentido, instó al Poder Judicial a "evaluar la posibilidad de disminuir el grado de intervención" de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y las fuerzas de Seguridad a la hora de tener acceso al material.
Mediante un informe que remitió la oficina a cargo de los jueces Javier Leal De Ibarra y Martín Irurzun, el área negó estar involucrada en la filtración de los audios que fueron publicados en las últimas semanas.
"El trabajo realizado por la Dajudeco se limitó a cumplir lo estrictamente solicitado por el juez, respecto a la solicitud de intervención, los abonados a intervenir, el período de intervención, y los autorizados a retirar los cds con los audios", en este caso la AFI para realizar las transcripciones correspondientes, explicó el informe.
Las escuchas fueron solicitadas por el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, en el marco de una investigación por narcotráfico.
Paralelamente, su par Claudio Bonadio también pidió copia de los audios y las transcripciones, ya que investiga un supuesto complot de ex funcionarios del kirchnerismo para perjudicar la causa de los cuadernos con el pago de sobornos durante ese Gobierno.
Ver: Autorizaron a Ramos Padilla a escuchar los audios de la causa en su contra
Según la oficina de escuchas, los audios nunca fueron destruidos y remarca que su actuación es sólo "uno de los eslabones" de la cadena de custodia de los audios de las escuchas. En el caso, la oficina reconoció la "evidencia de que existen vulnerabilidades en la cadena de custodia fuera del ámbito de la Dajudeco".