Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue detenido por el servicio de inteligencia chavista y se desconoce su paradero.
Venezuela: vicepresidente opositor lleva dos semanas desaparecido
El paradero del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela, Édgar Zambrano, seguía sin conocerse hoy, al cumplirse dos semanas de su captura por el servicio de inteligencia del gobierno chavista, afirmó una de sus defensoras, Lilia Camejo.
Asimismo, el abogado Joel García denunció que aún no se le permitió acceder al expediente de su defendido, el director del Despacho de la Presidencia de la AN, Roberto Marrero, detenido hace dos meses y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Camejo aseguró que acudió a la sede del Sebin y al Fuerte Tiuna -el cuartel más grande de Caracas- sin que le respondieran sobre el paradero de Zambrano y agregó que no recibió información sobre los delitos que se le imputan, reportó el diario caraqueño El Nacional.
Zambrano fue detenido por el Sebin el 8 de este mes, cuando salía de la sede de su partido, Acción Democrática (AD), en un espectacular operativo en el que una grúa levantó el automóvil en el que se hallaba el legislador y lo depositó en la sede del Sebin.
En la madrugada siguiente, Zambrano fue trasladado al Fuerte Tiuna, donde se lo presentó ante un tribunal militar que le asignó un defensor público, según Camejo. El 10, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que una corte ordinaria había ordenado la prisión preventiva de Zambrano en el Fuerte Tiuna por la "comisión flagrante" de "traición a la patria" y otros delitos.
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También se dispuso que quedaran en prisión preventiva -aparentemente en el Sebin- las cuatro personas que acompañaban a Zambrano en el momento de ser capturado, entre ellas un chofer y dos custodios.
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Zambrano fue apresado luego de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas le quitara los fueros parlamentarios a él y a otros 11 diputados a pedido del TSJ, que les imputa varios delitos relacionados con su supuesta participación en el frustrado alzamiento cívico militar del 30 de abril.