Lobos y su esposa condenados a prisión. Las implicancias de una condena ejemplificadora.
Mendoza también da buenas noticias
La sentencia de prisión de cumplimiento efectivo contra Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró por fraude contra la Municipalidad de Guaymallén en un caso de ñoquis, resulta ejemplificadora. De ahora en más, cualquier funcionario pensará muy bien si fraguar la contratación de personas para financiarse, o enriquecerse. Porque podría ir preso, si lo hace.
A fines de una mejor comprensión, vale decir que Luis Lobos (ex intendente) y su esposa Claudia Sgró (ex vicejefa de gabinete) deberán cumplir en prisión las condenas recibidas ayer una vez que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirme la sentencia, trámite que no debería ser eterno. Cuatro años y medio de cárcel para él, y tres años y cuatro meses para ella.
Esta vez la señal ha sido clara, y las penas impuestas por los jueces Ezequiel Crivelli, Marcelo Gutiérrez del Barrio y José Del Pópolo han sido severas. Financiarse con ñoquis es un delito que se pena con la cárcel.
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A la investigación por el caso de la "Mucama ñoqui" que terminó condenando a Lobos y Sgró le antecede una historia que vale la pena compartir.
Fresina y Telera, y abogados Varela, Moreno y Fallet. Diciembre de 2014.
El jueves 4 de diciembre de 2014, este diario publicó el inicio de la investigación. "Así se enriquece un intendente" se tituló aquel trabajo, producto de muchas horas de testimonios, compulsa de datos, y cuatro meses de elaboración y chequeos. Lo hicimos cuando Lobos era el intendente más poderoso de Mendoza, y el Partido Justicialista era gobierno en la provincia. La mayoría de los medios hizo un pesado silencio, hasta que -primero- Lobos perdió las elecciones, y luego, comenzaron a suceder las imputaciones. El caso se universalizó.
Hubo fiscales que actuaron con valentía y muchas desventajas, como Santiago Garay y Juan Manuel Bancalari. Hubo dirigentes del FIT que creyeron en la investigación de este diario y de un grupo de abogados, y se transformaron en denunciantes. Se trata de Federico Telera, Héctor Fresina y Víctor Da Vila. Y los abogados, encabezados por Carlos Varela, trabajaron durante meses en la compulsa de registros, y en la elaboración de las denuncias penales en cada caso.
Intendente Marcelino Iglesias.
Un resumen apretado dice que Lobos y su mujer aún deben enfrentar una dura causa por enriquecimiento ilícito, y él y algunos ex funcionarios, dos causas más por fraude. Hay dos casos más de ñoquis pendientes de acusación, que están en etapa de recolección de pruebas, y más casos por robo de combustibles y licencias truchas de conducir durante la gestión Lobos. No habría sido posible semejante prontuario si entre testigos y denunciantes muchas veces atemorizados, gente que acercó datos, periodistas de este diario, abogados, fiscales, dirigentes políticos honestos y finalmente los jueces; no hubiesen confluido en una idea: Hoy, por el Caso Lobos, se sabe que el que roba, puede ir a la cárcel.
No fue fácil, porque la justicia tardó en llegar. Hubo en estos cuatro años y medio todo tipo de "chicanas", pequeñas trampas, agujeros en el sistema, recusaciones y acusaciones que demoraron todo. Hasta que la investigación se encarriló, en mucho por mérito de los fiscales Susana Muscianisi y de sus jefes Sebastián Capizzi y el procurador Alejandro Gullé.
Merece reconocimiento el intendente Marcelino Iglesias. Repudió la corrupción en el departamento con decisión. No todos sus correligionarios se indignaron tanto. En 2015, Iglesias apoyó buena parte de su campaña prometiendo "limpieza". Luego, fue consecuente. La Municipalidad se transformó en denunciante o querellante, en varios de los expedientes, además del trabajo interno de auditoría permanente y saneamiento de un Estado municipal desquiciado. Es justo agregar que los entonces casi juveniles dirigentes de La Cámpora, hoy en Unidad Ciudadana, no acompañaron a Lobos ni hicieron campaña en el departamento. Entendieron lo que estaba pasando.
Lobos y Sgró ayer, esperando la sentencia.
El gobernador Alfredo Cornejo hizo medio centenar de reformas estructurales de la justicia. Y cada vez que tuvo la oportunidad pidió la resolución de estos casos. La constitución de los tribunales penales colegiados -una de aquellas reformas- permitió que este juicio se resolviera con celeridad y sin trampas legales.
Las prácticas relatadas en el Caso Lobos representan lo peor de la política. Cada uno de los expedientes muestra el financiamiento político y enriquecimiento personal y familiar de un clan. Los condenaron duro por un caso, pero pudieron haber sido decenas o tal vez más, y faltan dos juicios parecidos al Caso Fara. La sentencia es una señal fuerte, un gesto de sanidad institucional que permite albergar -a la gente común- alguna esperanza. Sería inocente decir que los corruptos y los ladrones se van a acabar. Pero seguro, que lo van a pensar dos veces antes de poner en sus manos en los recursos que son de todos, y para el bienestar y el servicio público.
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