Hoy se sabe si el ex intendente y su mujer son culpados o liberados por el caso de la "mucama ñoqui". La trama fina. La investigación. Quiénes son los jueces que deben decidir. Las penas. Las consecuencias.
Lobos: la sentencia
Hoy podría ser un día histórico para Mendoza en la lucha contra la corrupción política. A las cinco de la tarde se dictará en el Tribunal Penal Colegiado 2 una sentencia de alto voltaje: los jueces dirán si el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró son culpables de fraude a la administración pública, en un caso que avergüenza, y que sirve como muestra del financiamiento más sucio de la política, y del enriquecimiento personal de funcionarios a través de "ñoquis". Lobos y su esposa fraguaron la incorporación de empleados municipales para quedarse con su dinero. Ese debate es el que termina hoy, en el juicio por la "mucama ñoqui" de la suegra de Lobos, llamado el "Caso Fara" en los tribunales. Laura Fara era empleada municipal sin saberlo y a la vez, integrante del servicio doméstico en la casa de la suegra de Lobos, -María Elena Fernández- quien se ocupaba de cobrar el dinero del empleo "fantasma" de Fara.
Con la estafa, el clan Lobos se hizo de 442.790, 20 pesos en un lapso de poco más de tres años, desde que era intendente el actual senador Alejandro Abraham. Los Lobos también hicieron "empleado" municipal a Pablo Müller, un hijo de Laura Fara que era jardinero de la madre de Claudia Sgró y suegra de Lobos. No sólo los hicieron nombrar. Luego, Lobos los puso en planta permanente y los ascendió de categoría. Así, engordó los ingresos de su propia suegra.
El juicio de la mucama ñoqui forma parte del "Caso Lobos", un compendio de causas por corrupción iniciadas a raíz de una investigación colaborativa publicada por este diario en diciembre de 2014, en la que participaron un grupo de abogados dirigidos por Carlos Varela, dirigentes del FIT como el ex concejal Federico Telera, el ex legislador Héctor Fresina, y el actual senador Víctor Dávila, y este diario. Aquel trabajo titulado "Así se enriquece un intendente", finalista luego de los premios FOPEA al periodismo de investigación en 2015, disparó una serie de causas, en las que Lobos está imputado, enjuiciado, o a punto de estarlo.
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El "sumario" judicial de Lobos incluye una imputación por contratación irregular de maquinaria vial y vehículos, otra más por el alquiler y el pago irregular a una empresa propietaria de una planta de asfalto -el Caso Wanka- y la más grave de todas y que le podría significar la cárcel segura a él y a su esposa, una causa por enriquecimiento ilícito con una cantidad de prueba demoledora. Además, hay dos causas más por "ñoquis" similares al Caso Fara, que están en distintas etapas de proceso en las que Lobos aún no ha sido imputado. Y hay expedientes judiciales por robo de combustibles y emisión de cédulas truchas de conducir, contra ex funcionarios de su administración. El caso Fara tiene dos derivaciones más: el juicio a la suegra de Lobos, que no se pudo hacer en esta oportunidad por la salud de la mujer y por recomendación del Cuerpo Médico Forense, y una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público a una larga lista de ex funcionarios. Una de ellos es Silvina Alcaraz, una sobrina de Lobos.
Lobos y su mujer, enjuiciados.
El caso Fara y la sentencia de hoy
La causa Fara en sí es bastante simple. Tras el debate oral y público, está probado que la suegra de Lobos María Elena Fernández cobraba el sueldo de Laura Fara con la tarjeta de débito del Banco Nación de su "mucama ñoqui", y que a su vez Lobos era el "referente" en la planilla de asistencias de la Municipalidad de Guaymallén, por la que Fara no debía marcar asistencia diariamente. Así, sus inasistencias basadas en el hecho simple de que en realidad no sabía que era empleada municipal, pasarían desapercibidas. También fue comprobado en el debate que Lobos fue quien ascendió a Laura Fara y a su hijo Pablo Müller, una vez que ambos estuvieron como empleados de la Municipalidad. No hay mucho más que valga la pena reseñar, salvo una "ventana" en la que la defensa basa toda su expectativa: no hay un testigo que pueda decir que Luis Lobos pidió la contratación de Laura Fara. Lo que hay, es una acumulación de indicios que el fiscal en jefe de Delitos Económicos Sebastián Capizzi, describió en su alegato como claras maniobras de corrupción. Lobos se defendió argumentando que no conocía a Fara y a Pablo Müller, y que fueron nombrados en la gestión anterior, en la que él mismo fue presidente del Concejo Deliberante. Aun así, Lobos reconoció su firma en el decreto de pase a planta permanente y luego en los ascensos de Fara y Müller.
El rol de Lobos es bastante claro, por sí mismo o por pedido de su esposa, hizo nombrar a Laura Fara primero y a Pablo Müller después. Ninguno de los dos integrantes del servicio doméstico de la suegra de Lobos sabía en realidad qué estaba pasando. Y si lo hubiesen sabido, como planteó la defensa al sembrar dudas sobre la denunciante -que fue la propia Fara- ello no quita el caso que Lobos y su mujer defraudaron a la Municipalidad nombrando gente que no trabajaba, y que luego la suegra de Lobos era la que "recaudaba" a través de la tarjeta de Fara, la "ganancia" del clan.
No hay que desdeñar en este caso el rol de Claudia Sgró. La esposa de Lobos era la vicejefa del gabinete municipal, por debajo del propio Juan Brovarone, un integrante del círculo íntimo de Lobos que fuera jefe de gabinete municipal. Más allá de su cargo municipal y que en la planilla de asistencia de Pablo Müller estaba inicializada con el nombre "CS" (Claudia Sgró), las abundantes declaraciones de Laura Fara durante la investigación indicaron que fue Sgró quien la mantuvo al tanto de los "trámites" que debía hacer para acceder a una "ayuda social" de la comuna, tal como le presentaron la suma mensual que recibiría, y que era una pequeña parte de lo que cobraba la suegra de Lobos a través de la tarjeta de débito de su empleada ñoqui.
Abogados Varela, Moreno, Fallet, y dirigentes del FIT Federico Telera y Héctor Fresina en 2014, cuando presentaron la denuncia.
En esta etapa, los juzgados han sido Lobos y su esposa. Quedan pendientes aún -por razones de salud- el juicio contra María Elena Fernández, que fue suspendido al inicio de este debate, y una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra toda la línea de ex funcionarios que participó de las designaciones.
La sentencia, el tribunal
La sentencia será leída hoy desde las cinco de la tarde en el Tribunal Penal Colegiado número 2, y hay mucha expectativa política. El fiscal jefe de Delitos Económicos, la semana pasada enmarcó el expediente como un claro caso de corrupción. El gobernador Alfredo Cornejo se ha referido en estos años al Caso Lobos, cada vez que habló de la lentitud de la Justicia para resolver las causas judiciales. Sin embargo, no hay ni una pista sobre qué decisión tomará el tribunal. En el oficialismo hay ciertas reservas. El Tribunal Penal Colegiado que dará sentencia hoy está integrado por los jueces Ezequiel Crivelli, Jorge Luis Del Pópolo, y Marcelo Gutiérrez del Barrio. Crivelli es yerno del juez de la Suprema Corte Julio Gómez, de origen peronista. Cuando el Caso Lobos estalló, el grueso del peronismo soportó la situación hasta las elecciones de 2015 y luego le soltaron la mano. El juez Del Pópolo es considerado un "moderado", en tanto que se espera de Gutiérrez del Barrio un voto duro contra Lobos.
El Caso Fara es de sentido común. La suegra de Lobos no podría haber urdido e implementado por sí misma el nombramiento de dos personas en la Municipalidad, su promoción a planta permanente y ascensos, planear y ejecutar un mecanismo para que no fuesen detectados, y hacerse de sus tarjetas de débito para cobrar ilegalmente más de 440.000 pesos. La mujer fue un instrumento. Pero los autores del fraude son Lobos y su esposa. Será difícil para los jueces hallar un camino para verlo de otro modo.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella pidieron penas de prisión de cumplimiento efectivo para Lobos y su mujer. Sebastián Capizzi -fiscal- solicitó al tribunal penas de cuatro años y de tres años y medio respectivamente para Lobos y Sgró, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El querellante Armando Chalabe, representante de la Municipalidad de Guaymallén, pidió penas más duras: cinco años de prisión para Lobos y cuatro y medio para su mujer más la inhabilitación.
Lobos con la entonces esposa de Scioli, Karina Rabollini. Fue en 2015.
En caso de ser condenados a penas de cumplimiento efectivo, Lobos y Sgró no irán directamente a prisión. Les queda un recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Consecuencias
Es muy difícil saber cuántos ñoquis tuvieron en verdad Luis Lobos y Claudia Sgró. El abogado querellante Armando Chalabe, que representa a la Municipalidad de Guaymallén, dijo que pudieron haber sido por lo menos 600. Si todos esos "ñoquis" existieron y el método fue el mismo que el caso Fara, el matrimonio podría haber recaudado con esta "franquicia" denunciada por el Post en diciembre de 2014, cerca de 25 millones de pesos. A ello hay que sumarle todo lo que pudieron haber significado en dinero las otras causas de fraude, y la famosa pericia oficial en la causa de enriquecimiento ilícito.
Aun así y por poco que parezcan dos ñoquis, en caso de haber condena en este juicio habrá significado algo. Lo primero, es que había un método para robar. Luego, será un triunfo de la investigación y la prensa independiente. También del trabajo judicial perseverante, a pesar de las dificultades y las trampas. Y que la valentía de unos pocos cuando Lobos era intocable y ocupaba el sitial de intendente más poderoso de Mendoza tuvo sentido. En nuestra investigación, entrevistamos a personas que tenían miedo de hablar, de sufrir consecuencias terribles, o de ser perseguidos. Pero que aun así contaron lo que pasaba. Todo ello está en los expedientes. Una condena implicaría, además, que los votantes que le dieron la espalda a Lobos en 2015 cuando el caso ya era un escándalo y aún no había sido imputado en ninguna causa, tuvieron razón.
Pero lo más importante de todo si la sentencia es severa, será que en Mendoza ya no se pueden robar los dineros públicos impunemente.
Y que si roban, hay castigo.
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