El gobierno chileno presentará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Control de Identidad Preventivo.
Polémico: gobierno chileno quiere intensificar control policial a los menores
Todo empezó cuando Sebastián Piñera señaló que su gobierno busca permitir a los policías hacer controles con más facilidad, incluyendo inspección de vestimentas, mochilas y accesorios para prevenir y evitar con mayor eficacia los delitos.
"Nosotros lo queremos como un proyecto que prevenga, disuada, evite, disminuya la acción delictual en la medida que nuestras policías puedan tener más atribuciones para poder controlar preventivamente y así poder evitar la acción delictual que se pueda producir", señaló el ministro del Interior de Chile, Andrés
Chadwick, a ese respecto.
Lo cierto es que el gobierno chileno presentará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Control de Identidad Preventivo, que entre otras cosas prevé incrementar los controles policiales como parte del llamado plan #CalleSegura.
Un programa que está siendo criticado por la mayoría de las plataformas sociales puesto que afectará también a los adolescentes mayores de 14 años, con la intención de reducir los delitos cometidos por menores de edad.
Según Mauricio Duce, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación, la policía podrá controlar a la gente "sin ningún tipo de razón, sospecha, sino simplemente por el hecho de que la persona ande en la calle. En mi opinión, esta reforma tiene muy pocas posibilidades de tener un impacto relevante en prevención del delito, disminución de la delincuencia."
"Hoy en día, la ley permite controlar la identidad a un menor de 18 años en la medida en que la policía puede evocar un indicio, es un control legítimo", pero los controles preventivos, ilegítimos, han sido mucho más numerosos, recalca el profesor.
El gobierno de Chile cifró en 2.198 los menores detenidos por asaltos y en 850 los arrestados por robos sorpresa. Asimismo aseguró que en 2018 aumentó en casi un 50% la tenencia o porte de armas entre los menores.