Es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La familia de Raúl Baigorria, desaparecido en 1991 junto a Adolfo Garrido, pidió que se los investigue por "prevaricato", al ser querellantes y asistir a un acusado al mismo tiempo. El Juzgado Federal Número 3 ordenó iniciar una investigación.
Los dos jóvenes mendocinos desaparecieron en 1990 tras un control policial.
