La llamada "verificación policial" es obligatoria a la hora de transferir un vehículo y en ocasiones llega a tener el mismo valor que una transferencia. Además, la planta principal funciona en una zona residencial de Guaymallén y hay malestar de los vecinos y comerciantes.
El trámite que irrita a conductores y vecinos, y cuesta el triple que la RTO
En Mendoza, la Verificación Policial Vehicular, un trámite obligatorio para inscribir vehículos 0 km o transferir autos usados, ha comenzado a generar malestar entre los usuarios, quienes denuncian largas filas de espera y el pago de elevados costos administrativos; por este trámite, terminan en ocasiones pagando lo mismo que la propia transferencia del auto y hasta tres veces el valor de una Revisión Técnica Obligatoria.
De esta manera, si bien este trámite es esencial para garantizar la legalidad de los vehículos en circulación, la alta demanda y los costos elevados complejizan su realización.
Al mismo tiempo, hace más de un año, la planta verificadora se trasladó a una zona residencial del departamento de Guaymallén, específicamente en la calle Pedro Vargas 58, a pocos metros de la Costanera, y la reubicación de la planta generó inconvenientes tanto para vecinos como para comerciantes del barrio, quienes se ven afectados por la constante afluencia de vehículos, lo que dificulta el normal desarrollo de su vida cotidiana.
Casi 100 lucas
El costo inicial del trámite sólo para solicitar un turno, según cada caso, se acerca o supera los 40 mil pesos. Al mismo tiempo, al momento de ingresar el vehículo al box de verificación, se exigen pagos adicionales y en total, los conductores terminan pagando, entre $80.000 y $90.000 pesos, tres veces más de un RTO que cuesta cerca de $30.000 para autos particulares.
En este marco, algunas de las personas que se encontraban en la fila este martes (la cual a menudo ocupa varias cuadras de la calle Pedro Vargas cada semana), confirmaron al Post los elevados costos que se presentan sólo para iniciar el trámite.
Para sacar el turno, que se solicita desde una página web, se paga alrededor de 40.000 pesos, pero al llegar a la planta verificadora, los conductores deben pagar un monto similar o mayor, y allí son anoticiados de que el primer pago corresponde a un "costo administrativo". En efecto, de los casi 90.000 que se terminan pagando, aproximadamente la mitad es sólo por la gestión de sacar el turno.
Datos de la planta
Desde la planta verificadora, la única del Gran Mendoza, argumentan que el trámite se realiza lo más rápido posible y, de hecho, aseguran que en comparación con años anteriores "el sistema ha mejorado considerablemente" ya que la mayor parte del proceso estaría digitalizado.
Si bien reconocen que alrededor de 300 vehículos pasan por la planta a diario, aseguran que el sistema es ágil, con 16 boxes disponibles y que se esfuerzan por gestionar los turnos de "manera eficiente". Además, aunque los casos son poco frecuentes, mencionan que durante la verificación se detectan irregularidades en algunos vehículos. En esos casos, el personal de la planta se comunica con la policía de investigación, y si se confirman delitos, los vehículos son secuestrados y se inicia el proceso judicial correspondiente.
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En cuanto a lo recaudado, los ingresos serían destinados a impuestos provinciales y municipales dejando otro porcentaje a quien administra la planta. Con respecto a esto, si bien años anteriores la planta verificadora habría sido gestionada por el Centro de Policías Retirados de Mendoza (Cerpol) ahora habría sido concesionada al Círculo Policial y ambas entidades se encuentran nucleadas en la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos (CamGrab).
Vecinos con bronca
Además de la alta demanda y los costos administrativos, la Planta de Verificación Automotor también es resistida por vecinos y comerciantes de la zona, quienes no sólo se enfrentan al caos vehicular sino que también denuncian la "falta de control" por parte de la municipalidad de Guaymallén.
En este marco, varios vecinos y vecinas consultados por el Post denunciaron haber presentado el año pasado una nota formal al intendente, con más de 200 firmas, solicitando soluciones. Sin embargo, aseguran no haber recibido respuesta alguna hasta el momento. Según los habitantes de la zona, a pesar de que se había rumoreado que la planta se trasladaría a finales de 2024, ahora parece que "su concesión fue extendida por al menos cuatro años más".
De esta manera, comerciantes como los dueños de una ferretería cercana aseguran que la fila de autos bloquea el acceso a sus negocios, impidiéndoles desarrollar su trabajo con normalidad. "La fila ocupa todo el ingreso", comenta uno de ellos. La misma suerte corre un galpón de productos químicos que denuncia la dificultad de cargar y descargar los insumos cuando los autos ocupan el puente de ingreso.
Además, otros reclaman que "ya no se ven agentes de tránsito controlando el estacionamiento" y que "antes ponían multas a los autos mal estacionados, pero ahora nunca los vemos". Así lo lamenta el dueño de un comercio ubicado frente a la planta, quien asegura que todo el cordón donde se forma la fila de vehículos está pintado de amarillo y cuenta con numerosos carteles de "prohibido estacionar".
En este marco, debido a la ausencia de medidas concretas por parte de la municipalidad, en los vecinos de la zona comienza a reinar la sensación de ser "ignorados y desatendidos", incluso hay quienes se animan a sostener, que la planta verificadora "no cuenta con habilitación municipal".
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