La propuesta establecería el pago de una tasa mínima del 15 por ciento a grandes empresas por concepto de impuesto de sociedades.
La Unión Europea propone aplicar un impuestos a grandes empresas
La Comisión Europea presentó una propuesta que establecería el pago de una tasa mínima del 15 por ciento a grandes empresas por concepto de impuesto de sociedades. De aprobarse esta iniciativa, el bloque europeo se convertiría en la primera zona global en lograr implementar el acuerdo alcanzado en octubre pasado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
En este contexto, el comisionado de Economía de la Unión Europea (UE), Paolo Gentiloni, respaldó la iniciativa tras remarcar que permite una competencia más justa.
La normativa aplicaría para todas las grandes empresas que tengan una matriz filial o sucursal en la Unión Europea, nacional o internacional, con un volumen anual de finanzas de más de 750 millones de euros (cerca de 847 millones de dólares).
"Adoptamos el impuesto mínimo global del 15 por ciento para las grandes corporaciones y presionamos a las empresas fantasmas. Menos competencia desleal, menos beneficios para quienes se trasladan, más difícil es el camino hacia los paraísos fiscales", evaluó.
Asimismo, la normativa aplicaría también para aquellas entidades cuya empresa matriz radique fuera de la UE, en una nación o bloque con menor imposición fiscal.
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Sin embargo, la propuesta también incluye algunas excepciones como el 5 por ciento de la masa salarial y el mismo porcentaje del valor de los activos tangibles, lo que aplicaría, según explicó la Comisión Europea, en caso de que alguna empresa esté por debajo de ciertos parámetros.
Medios locales señalaron igualmente que, según palabras de los promotores de la propuesta, uno de los principales propósitos de la misma es impedir el uso de empresas pantalla o fantasmas por parte de entidades o personas con fines fiscales ilícitos.
La Comisión Europea informó que confía en que para el primer semestre del 2022 se esté concretando la firma de la legislación sin que exista oposición de alguno de los Estados que forman parte del bloque.
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