Cómo resisten las empresas la desregulación del transporte

El Gobierno nacional publicó un nuevo decreto de desregulación en el que se tomaron medidas radicales en el sistema del servicio de transporte interjurisdiccional de pasajeros, en el que se permite a nuevos actores, empresas o individuos, inscribirse en el registro para poder prestar servicios de transporte. Esta medida pretende abrir el mercado, incrementando las opciones de prestadores de servicios para los usuarios.

A través del Decreto 883/2024, el Ejecutivo nacional desregula el transporte interjurisdiccional (de una provincia a otra), quitándole el carácter de servicio público, es decir, que las empresas ya no están obligadas a cumplir con ciertas rutas, ni con cierta cantidad de frecuencias y, fundamentalmente, quita la banda tarifaria que establecía un valor mínimo y uno máximo al precio del boleto. 

Esta medida gubernamental pretende otorgar libertad a las empresas para decidir las rutas a las que prestarían servicios, los horarios y las tarifas. Además, abre las puertas a nuevos prestadores, que deben cumplir menos requisitos que en el sistema anterior. Solo con inscribirse en el registro y contar con una unidad de transporte adecuada, puede ser prestador de servicio. 

Ver también: La subasta de Viña Cobos con fines solidarios: participá desde aquí

Al respecto del tema, el Post se comunicó con Gustavo Gaona, el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia, quien advirtió que estas modificaciones pueden "precarizar el servicio", pero admitió que venían conversando con el Gobierno para cambiar "normas que habían quedado muy viejas". 

"Honestamente, no nos agarró por sorpresa la decisión del Gobierno", señaló Gaona, quien aseguró que  "nosotros desde hace mucho tiempo veníamos diciendo que el transporte, servicio público de transporte de larga distancia interjurisdiccional, tenía muchas normas que habían quedado muy viejas, desactualizadas y había cuestiones que había que mejorar, que hacían un poco pesada la prestación, que no permitían que el transporte se adapte a los cambios de la demanda". 

El vocero de la Cámara Empresaria añadió que ellos solicitaban  "generar un sistema de reglas nuevas para este servicio público. El gobierno, en cambio, entendió otra cosa, entiende que eso no es necesario, que el camino que no solo es con nosotros. A partir de hoy, deja de existir el servicio público de larga distancia y comienza otro servicio, un servicio que es básicamente un registro de operadores, en el que  van a ser las empresas las que determinen hacia dónde ir, cómo ir y hasta cuánto cobrar", explicó Gaona. 

El sistema anterior, que ponía al transporte de pasajeros como servicio público, otorgaba beneficios a las empresas prestadoras, pero también les imponía algunas obligaciones, como la de llegar a pueblos o ciudades intermedias y cumplir con cierta cantidad de frecuencias. Sin embargo, no todos los prestadores podían ir a todos los destinos, lo que generaba competencia, "pero en distintos corredores". Respecto a los precios mínimos y máximos que imponía la banda tarifaria, explicó que servía "para evitar que no hubiera ningún abuso de posición dominante de alguna empresa más grande o de una más chica, pero también fijaba precios máximos, entonces en los momentos de mayor demanda, mayor exigencia o intención de compra de boletos, el precio también tocaba un techo máximo".

Este nuevo sistema que decretó el Gobierno establece que pueden ser prestadores cualquier empresa nacional o internacional, o cualquier individuo, que se registre para tal fin. "A nosotros nos preocupa más la versión de personas humanas, como pone el decreto. Personas humanas básicamente son personas individuales, monotributistas, que invierten en una combi y pueden ofrecer el mismo servicio que una empresa más grande, pero con un servicio más precarizado, es decir, sin el respaldo de una empresa que tiene 300 o 500 colectivos más", argumentó. 

Por último, el vocero de la Cámara Empresarial manifestó que este Decreto no zanja la diferencia que existe entre las distintas reglas que deben cumplir hoy empresas de transporte, con empresas de turismo que pueden empezar a brindar los servicios de transporte interjurisdiccional: "Si van a entrar a competir, bienvenido, nosotros sabemos dar competencias, somos buenos, mejoraremos, mejoraremos seguramente nuestras ofertas para ser más competitivos, pero bueno, queremos igualdad de reglas para todos", concluyó Gustavo Gaona.

"Si no bajan los impuestos, difícil que los precios bajen"

La medida publicada en el Decreto 883/2024, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, tiene, como objetivo principal, la disminución de los precios de los pasajes de transporte terrestre, a través del aumento de la oferta de operadores de servicio de transporte interjurisdiccional de pasajeros. 

Al respecto, el Post también dialogó con Mauricio Badaloni, miembro  de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la empresa de transporte Andesmar, quien señaló que "el sistema de transporte de pasajeros de larga distancia hoy tiene más de 160 compañías que compiten o que competimos. No es lo mismo lo que pasa con el sistema aeronáutico, que vos tenés 4 compañías o 5 y tenés una que tiene el 70%".

El referente empresarial manifestó, además, que si bien con el modelo anterior se habían cerrado los registros para inscripción de nuevos prestadores, habían 160 compañías, lo cual "desmitifica el monopolio u oligopolio del transporte".

Por otro lado, Badaloni aseguró que el fin principal del Gobierno, que es la reducción de las tarifas, difícilmente pueda concretarse, porque "los precios van a bajar siempre y cuando el coeficiente impositivo baje", y agregó que "hay que calcular que más o menos entre un 40% y un 50% de todo lo que se produce en la Argentina son impuestos. Entonces nosotros tenemos dos grandes diferencias con el sistema informal. Uno que tiene que ver con el peso de los impuestos sobre lo que se produce en este sentido sobre el servicio y el otro es los convenios colectivos, que en nuestro caso tienen un 30% de mayor costo, que el de turismo".

Te puede interesar: La insólita estrategia de uno de los hermanos Caroglio, acusados de estafas

 "Si no se bajan los impuestos y los convenios colectivos siguen siendo más caros, va a ser más difícil. Ahora, ¿cuál es el temor de todo esto? Que algunas empresas que son las que tienen los convenios colectivos de 30% de ahorro compitan con las empresas que tienen los convenios colectivos más caros. Y bueno, eso va a tener un límite de tiempo hasta que las empresas se reconviertan y estemos todos en un sistema o más precarizado, que es el otro gran temor del sistema, es que se precarice", analizó, añadiendo que " el 50% de los costos de esto está materializado en valores de costo en el colectivo y en impuestos. Ninguno de los dos se toca. Entonces va a ser difícil que baje el precio".

Por último, el empresario mendocino manifestó que estas medidas, sin reglas claras para todos los actores, pueden derivar en un escenario de precarización:  "La informalidad es el problema más grave y si estas medidas sirven en el mediano plazo a generar mayor formalización, vamos a estar en un escenario. Y si no, que se hagan cargo de decir cosas que después no terminan sucediendo, porque nadie se va a querer pasar a un sistema más desregulado, pero pagando más impuestos. Va a ser difícil si no hay buenos incentivos. Y acá no se habla de nada, de ningún incentivo. Yo veo que es muy probable que se informalicen cosas, se pierdan servicios que se están haciendo, los discapacitados se queden sin la cobertura y al final después el empresario es el sinvergüenza. La verdad que no es justo que sea así", concluyó Badaloni.

¿Cómo afectará esta medida a Mendoza?

Al ser una medida que está destinada al transporte interjurisdiccional, quiere decir que solamente aplica a las empresas y los servicios que conecten Mendoza con otras provincias del país. 

Para aquellos servicios que se den dentro de los límites de la provincia, esta normativa no aplicará, pero sí puede ocurrir que empresas locales puedan inscribirse para otorgar servicios nacionales o interjurisdiccionales. 

La otra posibilidad es que Mendoza adhiera al Decreto 883/2024, lo que reformaría también las reglas para el transporte de pasajeros dentro de la provincia, decisión únicamente del Ejecutivo provincial.