La legisladora nacional por Mendoza sostiene que el esquema es subjetivo y que hasta el interventor del ENARGAS dice que no está bien hecho.
La segmentación tarifaria podría ser impugnada, según la diputada Latorre
La diputada nacional de Cambia Mendoza, Jimena Latorre, habló en el Programa Te digo lo que pienso que conduce Ricardo Montacuto por radio Nihuil, sobre el nuevo esquema tarifario por medio del cual los usuarios pasarán a dividirse en tres grupos de acuerdo a su nivel de ingresos, que determinan cuánto deberá pagar cada uno por esos servicios básicos
La legisladora dijo que hay que tener en cuenta que la medida que adoptó el gobierno, fue públicada el 16 de junio , pero es retroactiva al 1 de junio, "algo inaudito e ilegal".
"El nuevo esquema no clasifica en base a la capacidad de ahorro de consumo, la eficiencia y tampoco respecto a los costos verdaderos. Textualmente, la normativa dice que el criterio de segmentación clasifica a los usuarios: según indicadores de expresión de exteriorización de patrimonial que indirectamente manifiesten su nivel de ingreso. A mí eso me deja muchísimas dudas y me parece sumamente subjetivo y muy poco serio respecto del Estado administrando datos de registro; datos públicos", apuntó.
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"El gobierno debería partir del segmento de usuarios que están en condiciones de vulnerabilidad que no les permite pagar y asistirlos hasta que puedan pagar la tarifa plena", remarcó.
La legisladora explicó que la tarifa social federal, establecía cuales eran los parámetros que te identifican dentro de ese sector vulnerable e incluía parámetros de consumo. "Sería perfeccionable el tema de los rangos de consumo o umbrales de consumo y este decreto no dice nada respecto a eso. Es decir: consumas lo que consumas, vas a tener el subsidio, si no sos de los que ellos presumen que son ricos. Y el 90% de la población, que no son ricos, van a tener que ir a demostrar que no lo son", se quejó.
Latorre señaló que "lo más sensato hubiese sido ahondar en el esquema de la tarifa social, que ya tiene los mismo parámetros. Ahora solo le han incluido criterios bastante demagógicos respecto de quienes pueden o no pagar y difíciles de comprobar. En cuanto a los ingresos, más del 40% de la población laboralmente activa de la Argentina está en la informalidad".
"Estamos en un despilfarro energético en un momento en que no tenemos para el autoabastecimiento".
Además, la diputada opinó que "si no nos duele en el bolsillo, no vamos a ser conscientes del ahorro. Las nuevas generaciones son más conscientes del impacto ambiental de sus conductas. Si no hay algún incentivo a ser eficiente y a cuidar las formas y el modo no habrá cambio de conducta. Para qué alguien va a ahorrar si ya está comprendido dentro de los subsidios y el estado paga por esa persona. Tampoco nadie va a ir a manifestar que ya está en condiciones de pagar la tarifa plena".
Por último, destacó que "todavía falta mucho para la aplicación de lo que anunciaron. Hay que pasar todo a tarifas. En cuanto al gas, por ejemplo, en su resolución, el interventor del ENARGAS, Federico Bernal le dice a su propio gobierno que no es tan solo modificar el precio de la energía y que para pasarlo tarifa de forma legal hay que estudiar otras variables de las cuales no hay datos. Esto no está bien hecho dice el funcionario. Cualquiera que quiera impugnar esto, ya tiene los fundamentos escritos por Bernal".
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