La municipalidad desembolsará 40 millones para tirar abajo el inmueble y busca a los dueños para cobrarles el operativo. Las unidades fueron quemadas por los vecinos para ahuyentar okupas.
¿Quién paga la demolición de las torres de Guaymallén?
La Municipalidad de Guaymallén emitió un comunicado informando que se va a hacer cargo de demoler el edificio de la discordia en San José. Pero antes, quiere que aparezcan los dueños para fijar las condiciones, es decir, que se hagan cargo y asuman su cuota de responsabilidad. Tras una explosión, seis años atrás, comenzó un largo derrotero que culminó con ocupaciones ilegales y vecinos de la zona tomando cartas en el asunto.
El Municipio reitera el pedido a los doce propietarios del edificio ubicado en calle Manuel A. Sáez 3080, quienes han sido intimados en distintas oportunidades, para proceder con los trámites de demolición. Guaymallén propone hacerse cargo de los trámites de demolición, pero antes deben acordarse los marcos legales para el procedimiento, dice parte del comunicado difundido este lunes por el municipio.
La historia de este inmueble se remonta a finales de los años noventa, aproximadamente 1998. Gustavo Cantero, titular del IPV precisó al Post que el organismo le otorgó un crédito a una cooperativa que por aquellos años se llamaba Jardín del Sol para la construcción de dos torres con un total de doce departamentos. Los adjudicatarios adquirieron los inmuebles a través de una hipoteca y al día de la fecha no hay ningún deudor, las unidades fueron todas canceladas.
Sin embargo, una pérdida de gas en un termotanque causó una explosión el domingo 22 de julio de 2017 a las 11 de la mañana. Solo hubo dos heridos leves, una mujer de 61 años y un joven de 21 que fueron asistidos en el hospital Lagomaggiore. Sin embargo, la estructura sufrió daños irreparables. Según los peritajes, la explosión afectó a cinco departamentos, uno de los cuales tenía altísimas posibilidades de derrumbe y el resto un poco menos, pero de todos modos eran inhabitables.
El problema es que los habitantes del edificio, los cuales en su mayoría eran propietarios aunque también había inquilinos, tuvieron que abandonar su casa inmediatamente. Nunca volvieron. Fue publicado el edicto en el Boletín Oficial para que se presenten y ante la negativa, la comuna hará un nuevo llamado ya que no solo apura el riesgo estructural sino también el vandalismo y el hartazgo de los vecinos que aseguran que el sitio es un aguantadero.
Es así que en la noche del miércoles 4 de septiembre, la gente del barrio prendió fuego las torres, con todas las pertenencias de los ocupantes adentro. La municipalidad y la policía intervino, pero repitieron la acción porque los delincuentes intentaron volver.
Ahora, la municipalidad de Guaymallén destinará 40 millones de pesos para llevar a cabo la demolición del inmueble pero el objetivo es cobrarle ese dinero a los propietarios.