Muchos expositores mostraron los beneficios y, quienes argumentaron en contra, solicitaron más controles y nuevas normativas.
Pidieron que los presos sigan usando celular en Mendoza
Este miércoles al mediodía se llevó a cabo una audiencia informativa sobre el uso de celulares en los complejos carcelarios de Mendoza. El 31 de diciembre vence una medida de 2020 en la cual se permitió, por la pandemia de coronavirus, que las personas privadas de la libertad pudieran contar con teléfonos. Ahora la Justicia debe determinar si prorroga el beneficio o no. La mayoría de las exposiciones fueron a favor.
Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal, recepcionó todas las posturas. La próxima semana, a través de un escrito, comunicará la decisión sobre el uso de celular o no en todos los complejos carcelarios de la provincia.
La gran mayoría de los expositores y expositoras se mostraron a favor de prorrogar la medida. Si bien se menciona que desde la cárcel se realizan estafas y otros delitos a través de celulares, plantearon que "las estafas van a suceder independientemente si el teléfono está adentro o afuera de las cárceles". En ese sentido, todos hicieron hincapié y hablaron que el próximo debate debería ser el de reglamentar el uso: momentos del día para que puedan usarlo, si se habilitan o no las redes sociales, si el fin es para fines educativos o de comunicación con familiares, entre otros.
La próxima semana, Sarmiento comunicará su decisión.
Fernando Guzzo, jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, se mostró en contra. Presentó estadísticas donde se detectaron que muchas de las denuncias mendocinas por estafas y amenazas son desde cárceles. Pese a esto, también reconoció que es una herramienta para el vínculo con la familia y pidió que se modifique la normativa para que se pueda usar celulares sólo en momentos de esparcimiento o para quien tenga buena conducta.
Ver más: Es Ley el plan para que todos los mendocinos sepan leer y escribir
Además, pidió una extensión momentánea por tres meses (hasta marzo de 2023), con el fin de trabajar ideas "superadoras" y avanzar en una regulación de los artefactos telefónicos.
Hasta el 31 de diciembre está vigente la normativa.
Desde el Servicio Penitenciario le precisaron al POST que en la audiencia aceptaron los planteos y las posturas todas las partes, entendiendo que la resolución final la va a tomar el juez. En este sentido se pidió que mientras tanto se mantenga el régimen de visitas que se viene implementando, el cual ha resultado muy efectivo en términos sanitarios, y que se continúe con la utilización de telefonía celular en relación a la educación y el acceso a la Justicia, entre otros.
Conocer más: Sigue el debate del proyecto Cerro Amarillo en el Senado
Asimismo se comprometió a trabajar rápidamente en la actualización de los protocolos que se establecieron al momento de los pedidos de autorización del ingreso de los teléfonos celulares. Cuando se permitió el uso, la situación era diferente y los protocolos actuales han quedado atrasados. "Vamos a trabajar rápidamente en la actualización del protocolo", precisaron.
La medida comenzó en pandemia y aún continúa.
Por Xumek (Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos) participó Francisco Machuca y le expresó al POST: "La postura que tiene Xumex, también la Procuración de las Personas Privadas de la Libertad, d Defensa Pública y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte es similar. Es la intención de que se permita, independientemente de lo de la pandemia, en la práctica tuvo otros tipos de beneficios como el acceso a material de educación y el contacto con profesores. También disminuyó la conflictividad".
"La sensación general de la audiencia es que no hay una postura cerrada. Hay puntos en común con los que se manifestaron en contra en que se podría llegar a habilitar con una determinada reglamentación del uso. La discusión no sería si sí o no, sino que sería sí pero en qué condiciones: el fin, si se usa libre o en determinadas horas del día, si es para fines educativos o sin ningún control", agregó.
Ver: Orgullo mendocino: tiene 82 años y es escolta provincial
Verónica Bajuj, de Defensa Pública, contó su postura en la audiencia en Canal 7: el uso de celular "resultó beneficioso con respecto al acceso a la Justicia para las personas privadas de la libertad. Todos conocemos la cantidad de personas dentro de las cárceles y del hacinamiento que eso implica. No hay capacidad para recibir para los profesionales que van a verlos cada tanto. Ni capacidad de atención que pueda con todo eso sino se utiliza algún medio como el que estamos solicitando".
También a Canal 7, Daniela Parodi de Procuración de Personas Privadas de la Libertad, relató qué expuso en el Polo Judicial, también a favor de los celulares en las cárceles: "La idea es garantizar la comunicación con sus familias. Esto tuvo otros beneficios a nivel educativo, bajaron los índices de conflictividad en los penales. Como organismo de control, aplicamos el Pacto de San José de Costa Rica en Mendoza: somos los principales interesados en que se mantengan las comunicaciones por WhatsApp porque recibimos denuncias y podemos prevenir la violencia institucional".
Esta nota habla de:
