La orden del Gobierno para que las empresas retrotraigan precios a diciembre tiene que ver con una investigación por prácticas comerciales ilícitas. Desde el sector están en desacuerdo y creen que es inviable. ¿Se devolverá lo facturado de más?
Prepagas: claves para entender el conflicto entre el Gobierno y las empresas
El Gobierno nacional tomó la decisión de ordenar a las empresas de medicina privada a retrotraer los aumentos excesivos, con base en la sospecha de prácticas comerciales ilícitas que perjudican a los usuarios de dichas empresas. Además, buscan que se devuelva lo sobrefacturado.
Desde hace semanas, el Ejecutivo nacional presiona para que las empresas de medicina prepaga bajen el nivel de aumentos que vienen implementando mes a mes. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló días atrás que las empresas "le están declarando la guerra a la clase media".
A raíz de una denuncia que fue presentada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el Gobierno comenzó a investigar a 7 empresas por presunta cartelización, es decir, en pocas palabras, que se pusieron de acuerdo para aumentar los precios de la misma manera.
Ver también: Con el aumento que pide Aysam, la boleta promedio llegaría a $15.000
Esta presunción de cartelización, fomentó que la Secretaría de Comercio avanzara con una medida tutelar contra las empresas sospechadas. En esta medida se ordena la retracción de los aumentos, poniendo como base el valor de los planes en diciembre de 2023, a lo que se sumarán los aumentos basados en el IPC de los cuatro meses transcurridos del presente año.
Por otro lado, la Superintendencia de Salud, formalizó una medida cautelar ante la Justicia, buscando que las empresas devuelvan a sus afiliados el monto facturado, excedente a la nueva fórmula. Esta medida alcanza a 18 empresas.
En las empresas de medicina prepaga esta postura del Gobierno cayó como un balde de agua helada, por lo que analizan como proceder.
A pesar de los anuncios gubernamentales y los procedimientos judiciales, aún quedan muchos interrogantes que no tienen respuesta.
Claves para entender el conflicto Gobierno - Prepagas
- ¿Cuánto disminuiría el valor de las cuotas?
En este punto también hay desacuerdos. Según los datos de la Secretaría de Comercio e Industria, desde diciembre a abril, las cuotas de la medicina prepaga aumentaron, en promedio, un 151%, por lo que aseguran que los valores caerán alrededor del 33%. Sin embargo, las empresas sostienen que los aumentos no fueron tales y que los aumentos rondaron el 137%, por lo que las cuotas podrían bajar en un 25%.
- ¿Qué prepagas están comprendidas en el anuncio del Gobierno?
Este es uno de los puntos que más controversia genera. Si bien el anuncio de Casa Rosada incluyó un listado con siete empresas (Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE), la medida abarcaría a la gran mayoría de las empresas que operan en el sistema de medicina privada. Sin embargo, como se mencionó, en la medida cautelar están comprendidas 18 empresas.
- ¿Se devolverá el dinero que se facturó de más?
La medida cautelar presentada por la Superintencia de Servicios de Salud representa un pedido a la Justicia para que esta medida se resuelva. Es un punto que aún no está claro. Si la Justicia aprueba el pedido del Gobierno, es probable (por no decir seguro) que las empresas presenten recursos de amparo, para discutir esa medida. Desde el sector empresario aclaran que devolver el dinero es imposible y si se hace, tendría que hacerse con recursos propios de las prepagas, lo que las llevaría a la quiebra y, por ende, a la quiebra del sector.
- ¿Cómo saber si te cobraron de más?
Según lo estipulado por el Gobierno, la fórmula que deben aplicar las empresas es la siguiente: partiendo con la base del valor de los planes del mes de diciembre de 2023, hay que multiplicar la diferencia porcentual entre el valor del IPC de diciembre, con el mismo índice del mes de abril. Esta fórmula deberá mantenerse por un plazo de seis meses.
- ¿Qué argumenta el Gobierno y por qué interviene?
A pesar de que la ideología liberal del Gobierno apunta a una desregulación total y a una autorregulación del mercado, lo que señalan es que esto no es una regulación en sí, sino que se están penalizando prácticas comerciales abusivas, como la cartelización. "El Gobierno no permitirá y castigará fuertemente la cartelización y el abuso de precios, ya que considera que una cosa es la libre competencia y otra, muy distinta, es ponerse de acuerdo para aumentar los precios casi el doble del índice de inflación", señala el comunicado de la Superintendencia.
La investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia habla de "conductas anticompetitivas" y de "indicios sólidos de un acuerdo colusivo", para realizar acuerdos de precios, restringir ofertas de servicios y coordinar posturas de mercado, entre otras actividades penadas por la Ley de Defensa de la Competencia.
- Otras medidas comprendidas en la resolución del Gobierno
Además de retrotraer los precios y de mantener la nueva fórmula de cálculo durante seis meses, las empresas recibieron otros condicionantes. Por un lado, no podrán seguir intercambiando información, en ningún ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial. Además, deberán presentar información a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes.
Te puede interesar: Cómo impacta en los usuarios el robo de los datos de los carnet de conducir
En síntesis, a pesar del anuncio gubernamental, las empresas de medicina prepaga manifiestan que aún no hay nada cerrado y todavía se está estudiando el alcance real de la medida implementada por el Ejecutivo nacional.