El proyecto será presentado en septiembre en la Legislatura por el Ejecutivo provincial. El único precedente está Córdoba e incorpora como novedad la defensoría pública para los uniformados que no pueden acceder a un letrado particular.
Así funcionará el tribunal que juzgará a policías y penitenciarios de Mendoza
La comisión Bicameral de Seguridad recibió la semana pasada a Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad (IGS) y colaboradores, para analizar diversos temas referidos al funcionamiento del organismo. En ese encuentro el titular informó que reciben 100 denuncias contra policías y el 23% son por violencia de género.
"Las denuncias son diversas y se han incrementado. Y esto tiene que ver no con que la policía esté incumpliendo sino más bien con que las víctimas están conociendo mejor la institución, confiando más y se están animando a denunciar sabiendo que sus derechos no van a ser agraviados", dijo Puertas. En este contexto, el Ejecutivo presentará un proyecto en la Legislatura que pretende crear un tribunal que juzgue la conducta de policías y penitenciarios.
En detalle, Puerta detalló al Post las características de este proyecto: "Es un tribunal que tiene en Córdoba el único precedente. Está conformado por tres jueces administrativos cuyo mandato sería de cinco años tal como están designados los miembros del Directorio de la Inspección General de Seguridad y juzgarían en un debate oral las causas".
Luego agregó: "Instruirían un cuerpo de instructores autónomo y a su vez habría un cuerpo de defensores autónomos dentro de la conformación de la Inspección General de Seguridad. La razón fundamentalmente es darle todas las garantías que tiene el proceso penal y así mismo darle autonomía a los instructores como a los jueces designados".
Ver: Un cuarto de las denuncias contra policías en Mendoza es por violencia de género
Puerta detalló una innovación importante: los uniformados que afronten una causa y no tengan recursos para pagar un abogado no se defenderán solos, sino que contarán con un abogado público.
"La novedad es que se crearía el cuerpo de defensores oficiales. Es decir, aquellos penitenciarios o policías que no tienen defensor técnico porque no tienen dinero u otra forma de defenderse o contratar un abogado particular, tendrían uno de oficio. Dejaría de existir la figura de autodefensa que hoy existe que es cuando se defiende solo el efectivo policial o penitenciario", agregó Puerta quién afirmó que la semana que viene se llevará adelante una reunión con el Ejecutivo y a mediados de septiembre se presentará en la Legislatura.
Armas perdidas
Una de las denuncias más comunes que se realizan hacia los policías es la pérdida del arma reglamentaria. Puerta explicó que en la mayoría de las veces se las roban por descuido, porque van a jugar a la pelota con los amigos, las dejan en el auto y se las roban. También ocurre que se las pueden sustraer en sus hogares o en la calle. Es mínima la cantidad de veces en que las pierden en un enfrentamiento con delincuentes.
De cien denuncias que se reciben por mes contra policías y penitenciarios, 1 o 2 son por este tipo de situaciones.
Violencia de género, el causal de denuncia que más preocupa
De cien denuncias que entran por mes, 20 son por violencia de género. La cifra es alta y preocupante. Al respecto, Puerta dijo que se trabaja con perspectiva de género. "En caso de que ambos sean efectivos, se les retira el arma a los dos y si la víctima no es policía se le quita el arma al acusado y se lo deriva a Sanidad mientras se lleva adelante la investigación en la Comisión de Faltas por violencia de género".
Y agregó: "En este contexto, femicidio hubo uno solo en General Alvear, el año pasado, pero pueden ser lesiones, amenazas, todo en contexto de violencia de género".
Ver: Atraparon a dos jóvenes que se fugaron del ex Cose
Cómo aborda la Inspección General de Seguridad las denuncias
El organismo está dividido en áreas para abordar las diferentes problemáticas. Un grupo se aboca a las denuncias de violencia de género, otro a lo que ellos enmarcan en violencia institucional, otra más referida a los servicios extraordinarios y finalmente otra que se ocupa de los elementos provistos, tal el caso de armas, indumentaria y demás.
Todo expediente administrativo se origina con una denuncia expresa, anónima, un llamado telefónico, un extracto de algún artículo publicado en la prensa, etcétera. A partir de esa instancia hay diversas formas de abordar la denuncia y comienza el proceso para corroborar la verosimilitud de la misma. Se recaban las pruebas, se producen los alegatos y demás pasos a seguir para luego tomar una decisión, con la "vía recursiva" siempre vigente para el acusado.