La Inspección General de Seguridad encontró faltas en el comportamiento de un policía y se investiga el abandono de su trabajo.
Sumariaron a un policía que pidió licencia, no volvió y dio un falso domicilio
Este jueves 3 de abril, el Boletín Oficial de Mendoza publicó la resolución de la Inspección General de Seguridad (IGS) mediante la cual se ordena la apertura de un sumario administrativo contra el oficial inspector P.P. Rodrigo Sebastián Vidal Rodríguez, a raíz de una posible falta grave vinculada con el abandono de servicio.
Según consta en el expediente, Vidal Rodríguez había solicitado en 2023 una licencia por razones particulares sin goce de sueldo, la cual fue autorizada desde el 1 de agosto de ese año hasta el 30 de julio de 2024.
Sin embargo, en julio del año pasado, al momento en que debía presentarse para su evaluación en Sanidad Policial, su paradero era desconocido.
De acuerdo con la resolución N° 187/2025, el 23 de julio de 2024, efectivos de la Comisaría 45 intentaron ubicarlo en el domicilio registrado, pero una persona que residía en el lugar, identificada como Caren Rivero, manifestó no conocerlo.
Otro vecino también negó conocer a Vidal Rodríguez. Ante la imposibilidad de dar con el paradero del oficial inspector, se decidió su pase a revista pasiva con retroactividad al inicio de su licencia.
A partir de estas irregularidades, la IGS ordenó la apertura de un sumario administrativo, encuadrando su conducta bajo el artículo 100 inciso 3 de la Ley 6722, en función de los artículos 43 inciso 3 y 70 de la misma norma.
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La investigación estará a cargo del procurador Javier Lucero, quien deberá determinar la responsabilidad del policía y establecer posibles sanciones.
Asimismo, se dispuso remitir el caso a la Oficina Fiscal que corresponda, en cumplimiento del artículo 252 del Código Penal de la Nación. En tanto, Vidal Rodríguez ha sido citado a prestar declaración indagatoria el 21 de abril en la sede de la IGS, ubicada en calle San Martín 1027 de la Ciudad de Mendoza. Luego de dicha instancia, tendrá cinco días hábiles para presentar pruebas en su defensa.
El efectivo podrá contar con un defensor administrativo, que puede ser un profesional de la matrícula o un oficial retirado. En caso de no presentar descargos, el procedimiento seguirá lo estipulado por el artículo 136 de la Ley 6722.
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