El Ministerio de Seguridad presentó el plan de descontaminación de las playas de secuestro, con más de 8.600 vehículos tratados. La etapa final contempla remates, reasignación de personal y un ahorro de 1.700 millones de pesos anuales en recursos humanos.
Mendoza ya compactó casi el 70% de los autos incendiados en San Agustín
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza destacó los principales números del plan de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros policiales y judiciales de vehículos. El sistema fue replanteado a partir del incendio de la playa San Agustín, en septiembre de 2023, el cual tuvo pérdidas totales para el enorme predio de 8 hectáreas.
La primera etapa comenzó con el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos alojadas en la playa San Agustín, donde se destruyeron 540 móviles policiales que habían sido dado de baja y estaban juntando chatarra, generando contaminación y afectando el orden urbanístico.
La segunda etapa continúa con los 12.448 rodados judicializados que se encuentran en el lugar. A la fecha, destacó el Gobierno, ya se han compactado 2.220 toneladas de material ferroso, casi 8.600 vehículos, y se estima que antes de concluir el 2024 quede finalizada esta etapa. Se trata de los autos y motos incluidos en la Acordada 31.425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que pertenecen a causas vinculadas al Poder Judicial.
El procedimiento completo integra la trazabilidad de los residuos, es decir el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que está a cargo de un gestor autorizado, como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable tanto por el ente productor como por las autoridades. Según señalaron, esto no trae ningún costo al Estado, el sistema se autofinancia y además queda un resto para el estado de $219.681.000.
Mercedes Rus dijo que las playas de secuestro "se autofinanciarán".
"El Estado no pone nada, se autofinancia este sistema justamente con la compactación de aquellos vehículos que no tienen un tercero que los reclame y entonces aquel privado que asuma esta gestión va a cobrarse de esa compactación", explicó este lunes la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
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Por la tercerización de la gestión de las playas, Mendoza ahorrará $1.700 millones al año, de acuerdo al Ministerio de Seguridad.
La tercera etapa comenzó en julio de este año, tras la puesta en marcha de un proceso de ordenamiento y erradicación de secuestros y chatarra. Para ello se acordó un plan de traslado a la Playa de Secuestro "Marcelo Vignaud Ortíz" de San Martín. A la fecha, ya han sido trasladados 512 rodados que se encontraban en las veredas y calles públicas de Mendoza, cercanas a las comisarías y distintas dependencias.
No más policías en playas de secuestro
El Ministerio de Seguridad y Justicia ahora se prepara para implementar la cuarta etapa del plan. Esta fase está orientada a la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación, de acuerdo con los marcos legales vigentes, liberando espacio en las playas y mejorando su funcionalidad.
También se contempla la descontaminación de estos lugares, cumpliendo con normativas ambientales, y la reasignación de más de 100 policías que actualmente custodian las playas de secuestro hacia tareas de patrullaje y control. Este cambio producirá un ahorro mínimo de aproximadamente 1.700 millones de pesos anual en recursos humanos, sin contar los costos de logística, mantenimiento y alquiler de inmuebles, entre otros costos asociados al acarreo, deposito, mantenimiento, cuidado y disposición final de vehículos secuestrados.
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La licitación para esta fase permitirá que el adjudicatario se haga cargo de la logística y custodia, a cambio de recibir el costo de acarreo y deposito que actualmente pagan los infractores viales, mientras que el Estado no desembolsará recurso alguno, ni de personal ni monetario y sí recibirá un porcentaje de los ingresos obtenidos, por compactación y remate de vehículos bajo Ley 9024.
Finalmente, el plan contempla la posibilidad de que los municipios, que también enfrentan desafíos en la gestión de sus propias playas de secuestro, se sumen mediante convenios. A su vez, lo propio respecto al Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial sobre rodados y autopartes secuestradas.
El contexto de la sanción de la Ley 9556 de bienes y autopartes, demandara más lugares para secuestros en infracción a la ley. El sistema estará regulado por un marco de licitación pública, asegurando la transparencia de todo el proceso, agregaron.
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