La provincia debió afrontar un importante gasto a causa de un ajuste a las políticas de prevención a nivel nacional.
Sin preservativos: Mendoza puso $100 millones por ajuste de Nación
En un contexto donde las enfermedades de transmisión sexual (ETS) crecen en Mendoza, la falta de envío de preservativos desde Nación, que ya lleva casi diez meses, obligó al Gobierno provincial a tomar medidas preventivas para evitar faltantes.
El Ministerio de Salud de Mendoza realizó una compra de preservativos por un monto de casi 100 millones de pesos: $93.630.000 para el abastecimiento necesario para el Programa Provincial de Salud Reproductiva.
El proceso de licitación tuvo lugar en septiembre y proveyó desde octubre a los hospitales y centros de salud de la provincia. Según fuentes del Ministerio de Salud consultadas por el Post, esta decisión fue clave para evitar una crisis de insumos.
"Esto pasa desde principios de año. La provincia está haciendo la compra de esos insumos, que se pueden retirar de cualquier centro de salud. La provisión se afectó en un primer momento, pero la provincia salió a suplir eso y no faltan preservativos", detallaron desde la cartera de salud.
Hasta el último envío de Nación, Mendoza recibía regularmente 40 cajas mensuales de preservativos (1.440 unidades por caja, 57.600 preservativos en total). Sin embargo, en la última entrega la cantidad se redujo a 26 cajas.
Ante este panorama, la compra directa por parte de la provincia fue indispensable para evitar desabastecimiento en un contexto sanitario que requiere especial atención a las políticas de prevención.
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A pesar de "la motosierra" de Nación a las políticas de prevención, Mendoza asegura que los preservativos están disponibles en todos los centros de salud de la provincia. Este esfuerzo responde no solo a la falta de insumos, sino también a la necesidad de continuar trabajando en la prevención de ETS, reforzando campañas de educación sexual integral y garantizando el acceso a métodos de protección básicos.
Mendoza terminó cubriendo un vacío que podría haber tenido graves consecuencias sanitarias para la población. Sobre todo para los sectores de menos recursos, a quienes puede complicársele el acceso a estos insumos para la protección sexual.
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