La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que ya había pasado el filtro del Senado. Las claves de esta nueva normativa que generará un cambio radical.
Los conductores que choquen borrachos pagarán por sus hospitalizaciones
Dentro del paquete de leyes llevadas adelante por parte del Ejecutivo provincial en el área de salud, este miércoles se sancionó una norma que busca reducir las erogaciones públicas que causan las personas en estado de ebriedad.
En un esfuerzo por recuperar los costos que los accidentes de tránsito que producen los conductores bajo los efectos del alcohol imponen al sistema de salud público, Mendoza sancionó una nueva ley que establece que las personas que reciban tratamientos de salud tras accidentarse en estado de ebriedad deberán hacerse cargo de los gastos generados.
Esta iniciativa, aprobada este miércoles la Legislatura, representa un hito en la lucha contra la conducción irresponsable y las consecuencias que esta tiene para la sociedad en su conjunto y que se cobran decenas de vidas cada año.
Los accidentes generan gastos de traslados, internación y tratamientos. (Foto ilustrativa)
Objetivo y alcance de la Ley
El principal objetivo de esta ley es recuperar "el costo que la violación de distintas normas genera en el sistema de salud público provincial". Para ello, faculta al Ministerio de Salud y Deportes, a través del Ente creado por Ley Nº 9535 - REFORSAL -, "al cobro o recupero de las prestaciones de salud que se hubieren realizado en los efectores del Sistema de Salud Público en beneficio del conductor que, habiendo incurrido en las prohibiciones del artículo 52 incisos 7 y 8 de la Ley Nº 9024, participare u ocasionare un accidente de tránsito conforme a la responsabilidad que a su respecto establezca la autoridad competente".
En el artículo mencionado de la Ley de Seguridad Vial, se establecen las prohibiciones para conducir bajo los efectos del alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, y otras sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.
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La fundamentación de esta medida se basa en estadísticas alarmantes: 1 de cada 4 muertes en accidentes de tránsito se vincula con la violación de estas prohibiciones, a lo que se suman numerosas víctimas lesionadas.
Cabe recordar, en este marco, que Mendoza no adhirió a la Ley de Alcohol Cero al Volante. En la provincia está permitido hasta 0,5g/l de alcohol en sangre, algo que en su momento generó críticas por parte de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito.
En Mendoza está permitido conducir hasta con 0,5g/l de alcohol en sangre.
Costos de las Prestaciones de Salud
Los costos asociados a los accidentes de tránsito son elevados. Una internación por un accidente moderado-grave puede costar entre $10 millones y $15 millones. Mientras que un día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ronda los $200 mil.
En tanto que hay cirugías que pueden llegar a costar hasta los $8 millones. Por su parte, el traslado en ambulancia cuesta aproximadamente $13 mil, mientras que un día de internación en una habitación común cuesta alrededor de $70 mil. A esto se suman otros gastos adicionales que el sistema de salud debe cubrir cuando hay accidentes de tránsito.
En ese marco, Franco Ambrosini, legislador de la UCR, destacó que "esta ley tiene por fin facultar al Ministerio de Salud y Deportes que a través del ente recaudador, REFORSAL, pueda cobrar y recuperar aquellas prestaciones de salud que se hubieran realizado por cualquiera de los efectores de salud a aquellas personas que por su conducción en contra de la Ley 9024, le hubiesen generado al sistema de salud de la provincia un perjuicio".
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A partir de esta legislación, los conductores ebrios deberán pagar estos costos, ya sea en efectivo o a través de su obra social. Además, se enfrentan a multas que oscilan entre $381 mil y $1.143 mil, dependiendo de la graduación de alcohol en sangre y la reincidencia, junto con la retención del carnet de conducir o incluso días de cárcel si no pueden pagar el acta vial.
Como se mencionó anteriormente, la legislación actual permite conducir con un mínimo permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre y, de excederse ese límite, las sanciones incluyen inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $381 mil y $762 mil y retención de la licencia de conducir.
Mientras que, con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multas más severas que superan el millón de pesos y alcanzan a inhabilitaciones para conducir por períodos más largos, retención del rodado y hasta arresto de hasta 30 días.
Las multas por conducir alcoholizado rondan entre los 380 mil y más de 1 millón de pesos.
Antecedentes internacionales
Esta iniciativa no es única en el mundo. En la ciudad de Bolzano, en el norte de Italia, por ejemplo, las personas con una tasa de alcohol en sangre superior a lo permitido por ley deben pagar 200 euros (unos 195 mil pesos al cambio oficial, sin impuestos) para cubrir los gastos del traslado en ambulancia.
En Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud (NHS) se enfrenta a costos anuales de hasta 3.000 millones de libras debido al abuso del alcohol, con tarifas de admisión para intoxicación aguda que pueden llegar a 532 libras esterlinas (cerca de 612 mil pesos al cambio oficial, sin impuestos).
A raíz de esto, en 2009 y 2010 ingresaron proyectos similares al sancionado en Mendoza. Representantes ingleses pedían que las personas ebrias cubran sus propios gastos. Sin embargo, los proyectos "hicieron ruido", pero no llegaron a convertirse en ley.
Inglaterra gasta casi 3 mil millones de libras por los gastos de atender a conductores ebrios.
Por su parte, en algunos estados de Estados Unidos, los conductores ebrios responsables de accidentes mortales deben asumir la manutención de los hijos de las víctimas. Conocida como la Ley Bentley, la medida se aplica en Texas, Kentucky, Oklahoma y Tennesse.
Estos antecedentes muestran que responsabilizar económicamente a los conductores ebrios es una medida que ha sido implementada en diferentes partes del mundo con el objetivo de reducir los accidentes y sus consecuencias.
En Mendoza, esta ley llega en medio de una "ola de accidentes de tránsito". La habitualidad de los choques a causa de conductores en estado de ebriedad ha generado preocupación en el arco político y, como si fuera poco, gastos excesivos de salud en tiempos donde cada peso gastado importa.
Al imponer la obligación de pagar los costos de tratamiento, se busca no solo aliviar la carga económica del estado, sino también disuadir a los conductores de comportamientos peligrosos al volante.
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