En el plenario de comisiones de Diputados, varios expertos y miembros de organizaciones plantearon los cambios urgentes que necesita la Ley. Abogados de Derechos Humanos son los que revisan las internaciones.
Ley de Salud Mental: la mención a los "manicomios" y otros cambios urgentes
Expertos en salud mental y representantes de organizaciones sociales plantearon en el Plenario de Comisiones de Diputados la necesidad de reformar la actual Ley de Salud Mental 26.657, señalando sus falencias y proponiendo modificaciones clave para garantizar un sistema más eficiente y justo.
La Dra. Silvia Papuchado, doctora en Psicoanálisis y miembro del capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría (AAP), fue una de las voces destacadas en el plenario que analiza el proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", especialmente los artículos 618 a 625 referentes a la Salud Mental.
Papuchado criticó la terminología utilizada en la ley actual, destacando que utiliza el término "manicomios", que estigmatiza a los hospitales y clínicas psiquiátricas, que desempeñan un papel crucial en el tratamiento de pacientes con enfermedades mentales. Propuso la apertura de hospitales monovalentes de psiquiatría, refutando la comparación con otros hospitales especializados en diferentes áreas médicas.
La representante de la asociación La Madre Marcha, fundada por Marina Charpentier (madre de Chano) y Stella Maurig, se refirió a la situación crítica que enfrentan las familias desesperadas. Destacó la falta de atención, la presencia de personas en situación de calle y la necesidad urgente de reformas que aborden estos problemas.
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Uno de los puntos más controvertidos abordados por Papuchado fue la condición de "riesgo cierto e inminente" necesaria para la internación involuntaria según la ley vigente. Argumentó que también existe un riesgo potencial que debería considerarse, desafiando la percepción de que la internación es equiparable a una cárcel.
La doctora resaltó además que el Órgano de Revisión, que debe revisar si las internaciones son válidas, está conformado por abogados de organizaciones de derechos humanos. Abogó por la inclusión de especialistas en salud mental, psiquiatras y médicos para garantizar una revisión más informada de las decisiones de internación.
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