Jueces en acción y menos papeleo: así serán los allanamientos en Mendoza

El Gobierno de Mendoza envió un paquete de leyes a la Legislatura provincial, con el fin de realizar ajustes en las leyes que el Ejecutivo creía necesarias para brindar soluciones en materia de seguridad. Este miércoles, la Cámara de Diputados le dio sanción inicial al proyecto que modifica los procesos para realizar un allanamiento.

Esta iniciativa requiere de una reforma al Código Procesal Penal de la provincia, para establecer nuevos criterios en materia de allanamientos que agilizará el accionar de fiscales, permitirá la participación de los jueces en los procedimientos y simplificará los procesos posteriores, como la confección de las actas de cada allanamiento. 

Los allanamientos, en muchas oportunidades, por "sus características, cantidad de imputados, cantidad de causas vinculadas, complejidad del hecho, etc. suponen dificultades a la hora de su abordaje desde el procedimiento judicial", señala el documento, por lo que se establece la necesidad de fortalecer los procedimientos coordinados. 

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Fuentes del Ministerio de Seguridad, explicaron al Post que se busca generar una mayor integración entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Mendoza, para agilizar los procesos y evitar pérdidas de tiempo en casos donde el factor tiempo puede ser decisivo.  

En este sentido, el proyecto que obtuvo la sanción inicial en Diputados, contempla la posibilidad de que los fiscales concurran a una audiencia oral con el magistrado del caso, para agilizar los procesos en torno a la autorización del procedimiento. "Se espera que en dicho marco, los fiscales puedan explicar y fundar los pedidos de allanamiento en una audiencia oral, acercando el entendimiento y la comprensión del magistrado actuante, permitiendo una más rápida resolución del caso", señala el proyecto.

Desde el Ministerio señalaron que, en este punto, lo que se busca es evitar la pérdida del tiempo que se emplea en todo el tedioso proceso que hasta hoy está vigente, en el que el fiscal debe completar un formulario con todos los datos del lugar del allanamiento, los cuales muchas veces no son del todo claros, sobre todo en asentamientos (ejemplo, viviendas sin numeración), el motivo y otros puntos más, para que después llegue al juez interviniente para definir si lo autoriza o no. De esta manera, se procede a una autorización mucho más rápida de los procedimientos.

En un segundo punto, se establece que el juez interviniente deberá estar presente en los casos de allanamientos que revistan especial gravedad o que sean de investigación compleja. Desde la cartera de Seguridad explicaron que en casos de operativos de grandes dimensiones, como por ejemplo, el realizado en el Campo Papa, el pasado mes de marzo, la orden inicial de los allanamientos contemplaba una cierta cantidad de procedimientos, pero muchas veces son necesarios procedimientos complementarios en viviendas aledañas. La presencia del juez en el lugar de los hechos facilitaría la autorización de estos procedimientos. 

En los mismos casos, de extrema gravedad o de investigación compleja, el fiscal podrá pedir una audiencia unilateral, a los efectos de solicitar un allanamiento y otras medidas relacionadas. Esta audiencia deberá fijarse con rapidez y el juez resolver el pedido en ese encuentro, del cual deberá quedar un registro audiovisual. En estos casos, un juez penal deberá estar presente en el allanamiento. 

También en estos casos de gravedad, el fiscal podrá solicitar la intervención de comunicaciones, en una audiencia unilateral convocada a tal efecto, en la que el juez deberá resolver. También aquí se deberá mantener un registro audiovisual de la audiencia. 

El proyecto busca, además, incorporar el Artículo 146° bis, dos párrafos al Artículo 217°, y un último párrafo al Artículo 229° ter del Código Procesal Penal de Mendoza, estableciendo entre otros puntos que las actas de procedimiento realizadas por auxiliares de la fuerza policial, serán elemento de convicción suficiente para la investigación y actuación fiscal, no pudiendo ser citados u ofrecidos como testigos posteriormente, al solo efecto de la ratificación. 

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Es decir, que las actas ya no tendrán que tener la autorización de un juez para ser válidas. En este sentido, el diputado Mauricio Torres, de Hacer por Mendoza, manifestó que "Ahora, una vez confeccionadas las actas por el agente interviniente, se necesita la autorización del Juez para ser válidas", y que esta propuesta reviste "un cambio de paradigma, esto no es necesario para la ratificación de las mismas, lo que trae aceleración en los procesos".

De esta manera, las actas podrán estar a disposición de los fiscales y jueces con mayor rapidez y los oficiales intervinientes podrán ser citados a declarar, o en su defecto, ser ofrecidos como testigos, sólo cuando "exista controversia o cuestionamiento de lo que se pretende acreditar con dicho instrumento, y siempre que la declaración resulte pertinente, esencial e imprescindible, al objeto de la investigación o de lo defensa, para dirimir la contradicción, o en su caso el cuestionamiento", establece el proyecto. 

En el debate, el diputado peronista Gustavo Perret aseguró que "hemos hecho algunos aportes que nos parecen fundamentales sobre todo estableciendo un tiempo correcto no una inmediatez, porque para algunos la inmediatez puede ser un tiempo acotado y para otros puede ser un tiempo más largo, lo que puede llevar a filtraciones en un proceso que pueden llevar a un fracaso".

Por último, el diputado Alberto López, de la UCR, hizo hincapié en la importancia de que un juez esté presente en los casos de gravedad, "porque se da una doble garantía, una para las autoridades policiales, saben que están respaldados por el Juez que está mirando y controlando, y otra para el ciudadano, que también sabe que el juez está mirando y cuidando sus derechos y garantías constitucionales", señaló y agregó que "esto previene cualquier tipo de exceso, la presencia del juez es algo que considero fundamental y es un paso adelante".