El principal objetivo es regular las actividades en la zona del Área Metropolitana de Mendoza para preservar la función ambiental.
Comenzó a funcionar el órgano que controlará el Piedemonte
Cumpliendo con los plazos establecidos por la Ley 9414, la creación de este órgano remplazará a la Comisión de Piedemonte con una impronta de incremento de competencias y mayor participación interinstitucional.
La unidad está conformada por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, los municipios de Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo, junto con el Departamento General de Irrigación y la Dirección Provincial de Hidráulica.
En esta primera sesión, se realizó una jornada de trabajo entre las instituciones para evaluar las acciones que se deben llevar a cabo para la implementación de la nueva legislación.
La exposición estuvo a cargo de Nadia Rapali, por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, en donde expuso las principales modificaciones que plantea la nueva legislación. Representando a los nuevos miembros de la unidad, asistieron por la Dirección de Hidráulica, su directora, Yamila Arnosti, y por el Departamento General de Irrigación, su director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, Aníbal Manzur. Por otro lado, se trabajó con los resultados de la Evaluación de Amenazas Aluvionales en el Piedemonte, a cargo de Víctor Burgos, quien expuso sobre las conclusiones de ese estudio a los técnicos presentes.
En la primera sesión, las instituciones evaluaron las acciones que se deben llevar a cabo para la implementación de la nueva legislación.
El objetivo principal de este órgano técnico es regular las actividades en la precordillera y el piedemonte del Área Metropolitana Mendoza, para preservar su función ambiental. Busca compatibilizar la conservación y el desarrollo territorial del área estableciendo estrategias de mitigación de impactos y considerando los riesgos existentes o que puedan detectarse a futuro.
El fin de la aplicación de la esta ley, que servirá de base a un futuro Plan Especial de Piedemonte, no es de carácter punitivo sino preventivo, buscando la ordenada y segura ocupación del piedemonte.
La Unidad Interjurisdiccional del Piedemonte, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 9414, tiene como funciones:
1) Coordinar los códigos orbanos y ambientales del piedemonte entre municipios intervinientes.
2) Dar tratamiento a las piezas administrativas conforme las etapas procedimentales básicas obrantes en Anexo II de la presente Ley.
3) Emitir informe de Apto Técnico de Localización Integrado a los municipios intervinientes para que estos lo tomen en consideración en el contexto del trámite municipal de aptitud.
4) Calificar y categorizar los proyectos según su impacto ambiental y territorial.
5) Realizar los informes que le sean requeridos por otros organismos y solicitar los informes que crea convenientes a cualquier otra dependencia o jurisdicción.
6) Llevar un registro actualizado de las actividades existentes y propuestas para el área, así como proyectos de otros organismos, con el objeto de promover una visión integral del área, juntamente con los municipios.
7) Coordinar a los organismos competentes para la planificación de las áreas urbanizables, la regularización de las zonas urbanizadas existentes, y la adopción de las correspondientes medidas de mitigación de amenazas e impactos.
Los beneficios de la actualización legislativa
En la nueva ley, el área es mayor a las de las leyes vigentes e incluye todas las cuencas. El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas o 766 km2. La actualización normativa para la ocupación del piedemonte contiene zonificaciones que determinan a futuro qué lugares se pueden ocupar, con qué usos y cuáles son las áreas vedadas por razones de seguridad para la población.
Define claramente zonas con cauces aluvionales, consideradas de alta y muy alta amenaza y por lo tanto, impedirá la construcción de viviendas.
En zonas de media y baja amenaza se podrá construir bajo ciertas condiciones que cumplan con el desarrollo urbano de bajo impacto.
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Esta nueva normativa ayudará a prevenir y minimizar el riesgo que corre la población del lugar y el impacto ambiental, tanto en el mismo piedemonte como en el Área Metropolitana. Es importante comprender que, además de ser una legislación útil para el ser humano, también se busca preservar y contribuir al manejo de áreas importantes para el cuidado de la biodiversidad.
Durante el proceso de elaboración de la normativa, el Gobierno efectuó contactos sistemáticos con los vecinos del lugar -uniones vecinales- a fin de analizar las distintas situaciones y asesorarlos para que puedan iniciar procesos de regularización. Ha habido rondas de reuniones en conjunto con los municipios que han resultado muy productivas, porque lograron quitar resquemores o despejar la incertidumbre de numerosos pobladores ante una problemática tan sensible como la seguridad de las personas y la necesidad de vivienda.
La finalidad es compatibilizar la conservación y el desarrollo territorial del área considerando los riesgos existentes.
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