Desde el primero de enero, los arzobispos y obispos ya no reciben aportes del Estado como parte de sus salarios.
La Iglesia ya no recibe aportes del Estado
La Conferencia Episcopal Argentina anunció un cambio significativo en la financiación de altos funcionarios eclesiásticos del país a partir del 1 de enero de 2024. En un comunicado publicado en su página web oficial, se confirmó que los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares han dejado de recibir la asignación mensual que solían percibir del Estado.
La renuncia a esta asistencia estatal, estipulada en la ley 21.950 de 1979, ha sido un proceso progresivo que se inició hace cinco años y culminó el último día hábil de diciembre de 2023, según lo expresado en el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.
"La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950", declararon en el comunicado.
El documento también hace referencia al artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Gobierno de mantener el culto católico. En consonancia con esto, la ley mencionada establecía que los arzobispos y obispos recibirían el 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia.
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Además, se informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en una resolución del 26 de abril de 2023, otorgó la posibilidad a los arzobispos y obispos que cesaron en sus cargos por razones de edad o invalidez de solicitar, bajo ciertos requisitos, el beneficio de la asignación prevista en la ley.
Esta decisión se gestó hacia finales de 2017, con la intención de ser implementada gradualmente a partir de 2018. Se acordó mantener el monto congelado, lo que significa que las sumas que dejaron de percibirse a partir del 31 de diciembre de 2023 son las mismas que se recibían a principios de 2018: 56 mil pesos, según fuentes eclesiásticas.
Esta medida marca un hito histórico en la separación de la Iglesia y el Estado y en la forma en que los altos funcionarios de la Iglesia Católica en Argentina reciben financiación del Estado, y refleja una tendencia hacia la independencia financiera de la institución religiosa.
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