Una asociación de enfermos de Lepra se quedaba con casas de pacientes

El Ministerio de Salud de la Nación presentó una denuncia ante la Justicia por graves irregularidades detectadas en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, ubicado en General Rodríguez. Las acusaciones incluyen desde la gestión irregular de fondos públicos hasta la explotación económica de pacientes con enfermedad de Hansen, antes concoida como lepra,  revelando una compleja red de presuntos delitos que comprometen recursos del Estado.

Según expuso el vocero presidencial Manuel Adorni, la administración actual de La Libertad Avanza descubrió la existencia de una "financiera clandestina" operada dentro del hospital por la Asociación de Internados. Se alega que la asociación administraba de manera discrecional el "peculio", una remuneración destinada a los pacientes por sus trabajos terapéuticos, reteniendo parte del dinero y aplicando descuentos compulsivos para el pago de cuotas sociales.

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También se denunció que la asociación ofrecía préstamos a tasas usurarias y gestionaba una lista de beneficiarios sin intervención de las autoridades sanitarias. Esta situación habría generado desvíos significativos de fondos que deberían haber beneficiado a los internos.

Otro eje central de la denuncia es la ocupación irregular de viviendas construidas en terrenos del Estado Nacional. De las 192 casas disponibles, 62 estarían ocupadas por personas sin vínculo con la enfermedad de Hansen, incluyendo familiares directos de los directivos de la asociación.

Además, se descubrió la explotación ilegal de 300 hectáreas de tierras estatales, usadas para actividades de ganadería y cultivo sin autorización oficial. Según investigaciones previas, se encontraron más de 100 vacas y 50 caballos en el predio. El exdirector del hospital, Gustavo Marrone, ya había denunciado esta situación en 2023, pero las irregularidades continuaron.

La gestión de alimentos también estuvo marcada por serias denuncias. La asociación habría retirado raciones extra sin justificativo, incurriendo en un gasto innecesario estimado en más de 300 millones de pesos anuales. Se sospecha que parte de estos alimentos se usaban para negocios personales.

Los proveedores del hospital también denunciaron que eran extorsionados para pagar sobornos a cambio de permitir la descarga de sus productos. De negarse, eran obligados a retirar sus mercaderías sin posibilidad de entregarlas.

La nueva gestión dispuso que el pago del peculio se realice directamente a los pacientes, previa verificación de identidad, y está implementando un sistema de bancarización para mayor transparencia. También se eliminó la entrega de alimentos crudos, centralizando el control en la cocina del hospital.

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