El procurador de la Corte aseguró que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza accionará en caso de que continúen exigiendo el pago de derecho de autor en fiestas privadas de la provincia. Ratificó que el decreto nacional que eliminó el pago del canon está vigente.
Gullé: "Si un inspector de SADAIC les quiere cobrar, llamen a la policía"
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció que accionará contra SADAIC y AADI CAPIF en caso de que sus inspectores exijan el pago de derecho de autor en fiestas privadas de la provincia de Mendoza.
En el programa Tenés que Saberlo, el procurador Alejandro Gullé habló con Gabriel Conte, Evangelina Argüello y Hernán Bitar sobre el alcance del decreto 765, que entró en vigencia el 27 de agosto, y que establece que quienes realicen eventos de carácter privado o público sin fines de lucro no deberán pagar a las entidades encargadas de proteger los derechos de autor.
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El procurador de la Corte explicó que "el artículo 149 bis, segunda parte, sanciona con penas que van de 2 a 4 años de prisión al que obligare a otro a hacer algo, tolerar algo, en contra de su voluntad, amenazándolo. Si va un inspector a un cumpleaños de 15 y le dice a la gente que 'si no paga lo que nosotros creemos que corresponde, le cerramos todo, le apagamos la música y no le dejamos entrar a la gente', claramente es una coacción, algo que no corresponde".
Es ese sentido destacó: "La ley se cumple; el decreto 765 de este año de la presidencia de la Nación es clarito: no corresponde que se pague ni AADI CAPIF ni SADAIC a quienes realicen una fiesta privada".
¿Qué hacer si nos extorsionan en medio de la fiesta?
Alejandro Gullé fue contundente: "Denuncia penal inmediata. Se denuncia a la policía y la policía tiene la obligación de darle novedad al fiscal y conducir al inspector detenido hasta aclarar la situación. Esto no es que yo cumplo la ley si quiero o si me favorece; hay que cumplirla". Asimismo, indicó que "Ya hay tres causas penales. Ayer entraron tres denuncias y esto va a seguir".
Alejandro Gullé
Pero además, remarcó que en el caso de que SADAIC o AADI CAPIF consideren que se contraviene sus derechos, deberán hacer el planteo correspondiente de manera legal. "Mientras tanto, está vigente el decreto 765 y la provincia ha hecho lo propio con una ley. No es optativo esto, cumplo si lo quiero. Ni tampoco el decir si es competente la justicia federal. Eso lo vamos a discutir después, mientras tanto vamos a actuar".
Incluso contó que en "algunos casos nos dicen que ni siquiera les extienden recibos, eso no se puede permitir. Hay gente que ha pagado ya y ahora está diciendo "yo pagué pero no me quisieron dar recibo". Eso es un problema". Y finalizó asegurando: "Si se repite la conducta de algunas de las personas involucradas, tendrá que pensar que existe la reiterancia y que la excarcelación no va a ser viable".
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