Más penas por falsas de denuncias de violencia de género: "Es una estupidez"

Este martes, la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), recibió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para tratar un proyecto de ley de autoría de la senadora Carolina Losada (UCR) y otros, que modifica el Código Penal de la Nación, que busca agravar las penas por falsas denuncias vinculadas a violencia de género.

El espíritu del proyecto presentado por Losada y que fue impulsado por distintas figuras, "apunta a que la denuncia verdadera tenga lugar y todos los recursos se apunten a esa denuncia" y "penalizar a la mentira, la estafa contra la justicia, y con que la justicia sea realmente más transparente y sea equitativa e igual para todos".

Al respecto, el ministro Cúneo Libarona enfatizó que "la falsa denuncia no solo daña a la víctima, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones" y que "no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal ni a la policía. Tampoco utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero. Tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente". 

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El proyecto que impulsa Losada establece el aumento de las penas en torno a calumnias y falsas denuncias "cuando el hecho sea cometido en el marco de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes". Serán penas de entre 1 a 3 años para quien denuncie un delito falso a una autoridad. "Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años", concluyó Cúneo Libarona. 

Respecto a este tema, el Post consultó con dos especialistas del derecho penal en Mendoza, Daniel Sosa Arditi y Alejandro Poquet, para conocer su postura en torno a este tema controversial. Para Sosa Arditi, este problema de las falsas denuncias "no es un problema de falta de legislación". En tanto, Poquet declaró que este proyecto de ley "huele a demagogia facilista", en tanto que criticó el accionar del Poder Judicial ante las falsas denuncias. 

Sosa Arditi asegura que la problemática de las falsas denuncias no está relacionada a la falta de legislación, debido a que la falsa denuncia está tipificada para cualquier delito y tiene una pena y un agravante, que es el falso testimonio, en contra del imputado. "Quien en un proceso penal declara falsamente en contra de una persona que está acusada, reforzando lo que sería una falsa denuncia con su testimonio, tiene penas de hasta 10 años de prisión", explicó.

Sin embargo, el letrado explicó que, desde su perspectiva, el problema que existe actualmente es un problema "de interpretación", en cuanto a qué es lo que se considera como mentir, qué interpretación hace la Justicia de las mentiras, ya que "las circunstancias que hacen concretamente las cuestiones vinculadas a violencia de género, generan en la persona que padece este tipo de problemas, una sensación, unas vivencias, que son ellas las que cuentan, y que no siempre se comparece con la realidad". Por esta razón, los tribunales "son muy reticentes a extraer compulsas en casos donde se advierte con toda claridad que la realidad objetiva no es tal como la cuentan". 

Para Sosa Arditi, esa interpretación de los tribunales genera un concepto de que las víctimas, justamente por los padecimientos vividos, tienen como real una serie de situaciones que no son reales. "Las compulsas por falsas denuncias son excepcionales. Se realizan únicamente cuando se advierte que se ha utilizado con un fin evidente de ganancialidad", detalló.

Volviendo al proyecto presentado en el Senado, el abogado afirmó que el problema no es de legislación y que la solución no es el aumento de las penas previstas. Señaló que en la Justicia "no se investigan, en general, las falsas denuncias como ya está previsto en la Ley, es decir, que no es que sea poca la pena que le aplican, directamente no se aplica. El aumento de la penalidad no va a cambiar esta situación, aunque de alguna manera pretende dar respuesta a esto, pero el aumento de la penalidad solo, no basta". "Ante la duda, todo el sistema de protección integral de la mujer impide que el Estado lleve a cabo medidas como estas, porque implican de alguna manera una vulneración de los derechos, o una limitación a la libertad de las mujeres para denunciar libremente", concluyó.

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Por su parte, Alejandro Poquet manifestó que, si realmente existe una problemática social respecto a las falsas denuncias, los que deberían salir a aclarar la situación son las autoridades del Poder Judicial. "Legisladores, medios de comunicación y periodistas dicen que hay un problema, entonces  el Poder Judicial se debería haber expedido, porque es el que recibe esas denuncias y es el Poder Judicial el que tiene la palabra final en estas cosas. Si no hace nada y esto fuera cierto, es una situación que no habla muy bien del Poder Judicial", señaló.

Luego, el abogado penalista aseguró que, en su opinión, este proyecto presentado por algunos legisladores, que contempla el aumento de las penas por falsas denuncias, "huele a demagogia facilista y la demagogia que se hace con el dolor penal, con el sufrimiento penal", porque, en caso de que hubiera un problema social, una regularidad  y masividad de casos de personas víctimas de falsas denuncias, el problema está en el Poder Judicial, que no aplica les leyes sancionadas. 

"Subir la pena es una estupidez, es una irracionalidad y es un suicidio colectivo con ese tema, y es una invitación a la consagración de la impunidad", señaló Poquet, y agregó que "si el Poder Judicial está recibiendo una denuncia falsa y no hace nada, entonces el Poder Judicial es parte del problema y aumentar las penas no resuelve los problemas. La maquinaria punitiva no está funcionando".

Por último, Poquet señaló que no se entiende bien por qué se plantea elevar las penas. "Si suben las penas, le estas diciendo al Poder Judicial que no están laburando, que no están haciendo lo que tienen que hacer. Si la denuncia es falsa, se tiene que archivar, pero no se animan. Acá el principal problema no es el bajo monto de una pena, sino que son las oficinas del Poder Judicial que no están haciendo lo que tienen que hacer. Tienen que tener personalidad institucional y si hay denuncias falsas, decirlo y actuar". 

Para el penalista, esta situación no va a cambiar con el aumento de penas, sino con "una acción política que le diga al Poder Judicial que tiene que volver a sus fuentes, que tiene que investigar y, si no hay nada que investigar, decirlo. Si hay personas presas por falsas denuncias es porque la Justicia no está haciendo lo que tiene que hacer".