El organismo que manejaba Miriam Lewin tiene 145 empleados. Constataron denuncias reiteradas a un grupo de periodistas y "recomendaciones" para hacer capacitaciones que daban los mismos empleados.
La Defensoría del Público tenía un presupuesto de $10 millones diarios
El Gobierno Nacional realizó una auditoría en la Defensoría del Público, que destapó una serie de irregularidades y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos y su impacto en la libertad de expresión. Según el informe, gran parte del presupuesto de la entidad, que ronda los 10 millones de pesos diarios, se destina a capacitaciones para empresas de comunicación y periodistas, muchos de los cuales han sido denunciados reiteradamente.
La auditoría reveló que el organismo, que tiene un presupuesto mensual de 300 millones de pesos-el equivalente a mil jubilaciones mínimas-, gasta 270 millones únicamente en sueldos de los 145 empleados que componen su plantilla. Estos hallazgos se producen tras la asunción de Soher El Sukaria, ex diputada del PRO, como nueva titular de la Defensoría, quien reemplazó a Miriam Lewin. El Sukaria inició un relevamiento exhaustivo del personal y los gastos, lo que arrojó luz sobre la estructura y funcionamiento de la entidad.
Miriam Lewin era la titular del organismo.
Creada bajo la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público fue concebida como un órgano encargado de recibir y gestionar denuncias del público sobre el contenido emitido en radio y televisión. No obstante, desde su creación, ninguna de las denuncias ha llegado a la Justicia. Según la auditoría, los reclamos terminan en recomendaciones o dictámenes internos que invitan a las empresas a "reflexionar" sobre sus prácticas, sin mayores consecuencias.
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Uno de los hallazgos más significativos de la auditoría es que el 70% de los denunciantes provienen de la provincia de Buenos Aires y que las quejas se concentran en un reducido grupo de periodistas y medios. Viviana Canosa y Baby Etchecopar encabezan la lista de los comunicadores más denunciados, seguidos por Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y otros reconocidos profesionales de los medios.
Esta tendencia ha llevado a las autoridades a sospechar de un posible sesgo ideológico en la Defensoría, que podría estar buscando controlar el discurso mediático en lugar de promover la pluralidad de voces. "En el último tiempo hubo un sesgo ideológico y una intención de controlar lo que se dice en televisión y radio", afirmaron fuentes gubernamentales.
El Sukaria también ha cuestionado el enfoque de la entidad, señalando que, a pesar de su mandato de defender el derecho a la comunicación democrática, la mayoría de los empleados están en áreas de capacitación y administración, y no en el ámbito legal.
En medio de las críticas, el Gobierno comenzó a evaluar la posibilidad de eliminar la Defensoría del Público. Este tema fue discutido recientemente en una reunión entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y diputados del PRO, quienes presentaron un proyecto de ley para su disolución. La propuesta, liderada por la legisladora Silvana Giudici, plantea transferir el personal, bienes y presupuesto de la Defensoría a la Defensoría del Pueblo de la Nación, argumentando que esta entidad ya tiene competencias suficientes para garantizar los derechos de las audiencias.
Fuente: Infobae
Silvana Giudici presentó un proyecto para desmantelar la Defensoría.
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