Lo dijo Diana Cohen Agrest, que sufrió el asesinato de su hijo hace 10 años y preside una asociación que ayuda a víctimas del delito.
"En Argentina hay una cultura abolicionista"
Diana Cohen Agrest sufrió el asesinato de su hijo de 26 años hace diez años. Lo mató un delincuente que gozaba de una excarcelación anticipada. "Muchos jueces matan con la lapicera", afirmó. En medio del dolor y la bronca surgida del asesinato del kiosquero Roberto Salbo, Diana aseguró que "La inseguridad se ha convertido en una verdadera política de Estado".
La mujer fundó una asociación para acompañar y orientar a víctimas de la inseguridad. "Lo que menos queremos es crecer; quisiéramos que cada vez haya menos víctimas", explicó al diario La Nación.
Doctora en filosofía, especialista en bioética, profesora y autora de numerosos libros, Cohen Agrest habla del sistema penal con una aproximación teórica, pero con la vivencia, a la vez, de alguien que lo ha sufrido en carne propia.
Los vecinos del kiosquero se manifestaron y fueron reprimidos con gases
"Desde el punto de vista de la seguridad, en los últimos tiempos estamos peor. No es gratuito haber soltado 4500 presos con la excusa de la pandemia. Nosotros ahora presentamos un amparo por la construcción de cárceles sanas y limpias en las que los presos se puedan reeducar. Pero además luchamos para que se establezca la pena permanente revisable, que es la que rige en casi todas las democracias europeas, como en Italia, Francia o Alemania. ¿En qué consiste? Supongamos que a un violador que asesinó le dan una pena de 10 o 15 años", señaló.
"Cuando se cumple esa condena hay una audiencia en la que se evalúa si el condenado está en condiciones de reinsertarse en la sociedad; si no está en condiciones, se prorroga la pena hasta que realmente esté apto para recuperar la libertad. En el sistema argentino hay una contradicción entre la ley de plazos y el concepto de resocialización, porque muchas veces pasa (y este parece ser el caso de Ramos Mejía) que un individuo cumple el plazo de su condena, y por lo tanto el juez debe liberarlo, pero no está en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Entonces reincide en el delito. Eso no pasa en los países con pena revisable", explicó.
En la semana del crimen del kiosquero, hubo 13 asesinatos en La Matanza
"En la Argentina tenemos una visión sesgada de los derechos humanos. Solo se reconoce como defensoras de los derechos humanos a las asociaciones que lucharon contra la dictadura militar", agregó.
Opinó que en Argentina "hay una jerarquización de víctimas. A la víctima de delitos comunes casi no se la reconoce. Hoy hay una valoración de las víctimas de la violencia de género y de femicidios, que por supuesto son delitos absolutamente execrables, por encima de las víctimas de otros delitos. Hay un reconocimiento hasta económico a las víctimas de femicidios, que está muy bien, pero ninguno a las víctimas de la inseguridad. Esto tiene que ver con que en la Argentina importamos con ligereza modelos de otros países que tienen realidades distintas. En Europa hay femicidios y violaciones, aunque en niveles menores a los nuestros, pero no tienen casi homicidios en ocasión de robo. Por eso sus políticas están enfocadas a esa problemática. Acá te matan por un celular en la calle".
"Yo estoy convencida de que la inseguridad, en la Argentina, se ha convertido en la verdadera política de Estado. No es una situación coyuntural. No se construyen cárceles por falta de decisión política, no por falta de recursos. Y esto es algo que trasciende a los distintos gobiernos. Hay que ver lo que pasó con la ley de víctimas: la pusieron bajo la órbita de la defensa y no bajo la del ministerio público fiscal. La víctima no se debe defender; debe acusar. Entonces, ¿a qué criterio responde que se la ponga bajo la órbita de la defensa?", se preguntó.
También aseguró que "los fiscales, para poder ascender en su carrera judicial, deben adherir a la doctrina hegemónica del abolicionismo que se enseña en la facultad".
Agregó que hay "una ideología que ha consolidado esta política penal, con la que se han formado tres o cuatro generaciones de abogados que siguieron a Zaffaroni. No solamente los abogados; también los sociólogos, los psicólogos, los pensadores. Entonces vemos a muy poca gente dentro del sistema que trabaje en favor de las víctimas. Es un problema muy amplio, porque el abolicionismo no solo ha impregnado el derecho penal sino otras disciplinas, empezando por la educación".
"El sistema judicial no es una abstracción; son los hombres y mujeres que lo administran. Cuesta entender que esos actores no tengan una mejor comprensión de las víctimas y de la necesidad de justicia...", concluyó.
Fuente: La Nación
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