Según un documento firmado en 2017 por Carlos María Farnzini quién estaba a cargo en ese momento del Arzobispado de Mendoza, solicitan que otro tribunal canónico investigue el caso.
La Iglesia de Mendoza dijo que no investigó el caso Próvolo para evitar juicios
Una fuerte polémica se instaló en torno a la Iglesia católica de Mendoza luego de que trascendiera que en 2017 decidió no investigar los abusos del Próvolo, una primicia de Mendoza Post, por temor al acoso mediático y a los procesos judiciales que deberían afrontar, según publicó Los Andes.
En una carta fechada el 2 de enero de 2017, Carlos María Farnzini quién estaba a cargo en ese momento del Arzobispado de Mendoza, envió un documento a monseñor Luis Ladaria, cardenal, titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Parte del documento que se hizo público detalla que la situación expondría a la iglesia "a un serio riesgo de reclamos de indemnizaciones civiles por el solo hecho de realizar la investigación. La Arquidiócesis tendrá una ardua tarea en los tribunales civiles de Mendoza. Sumar el escenario de la investigación preliminar no parece conveniente", dice parte del texto.
Por otro lado, en otro tramo del documento detallan que la investigación crearía un foco mediático y de acoso a la Iglesia local alegando que por más énfasis que pongan en investigar el caso, serían sujeto de críticas, desconfianzas y acusaciones, tanto por parte de la familia de las víctimas como de la sociedad en general.
"En enero de 2017, dos meses después de que salieran a la luz las denuncias por abusos sexuales (que derivaron en la condena de 2 curas), el Arzobispado de Mendoza pidió que la investigación interna la haga un tribunal ajeno. Alegaron el temor a demandas civiles, además de "acoso legal y mediático", destaca en una parte del texto.
Ver: Kumiko, su verdad y que el Próvolo arda en el infierno
Caso Próvolo
El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.
El 25 de noviembre de 2019 fueron condenados Horacio Corbacho (de 59 años), el sacerdote italiano Nicola Corradi (83) y Armando Gómez Bravo (49), un empleado no religioso del lugar.
Al respecto, Nicola Corradi quién cumplía prisión domiciliaria por su edad y salud, falleció en 2021 siendo aún cura. Por su parte, Horacio Corbacho condenado a 45 años de prisión, aún preserva la investidura canónica.