Muertes en el geriátrico: Imputarían por homicidio al cura Yáñez

El cura Fernando Miguel "El Padre" Yáñez podría ser imputado de homicidio simple con dolo eventual por las 15 muertes ocurridas durante junio en el geriátrico de Monte Comán, que el sacerdote regentea a través de una fundación de la que es titular. El caso sorprendió la semana pasada, cuando lo dimos a conocer a través de este diario (ver aquí, y aquí) y desde entonces, la investigación penal ha dado pasos significativos luego de allanamientos en el hogar y en el domicilio del cura, y de la declaración de funcionarios de Salud. Si la acusación que estaría preparando la fiscalía avanza hacia un juicio oral, Yáñez enfrentaría la posibilidad de ir a prisión de 8 a 25 años. Incluso más.

Como se sabe, en el hogar de adultos mayores de Monte Comán, en San Rafael, 15 ancianos murieron durante junio, trece de ellos por un brote de coronavirus. Ninguno de ellos había recibido la vacuna contra el covid-19, ni siquiera una primera dosis, y el sacerdote Yáñez demoró casi cinco meses en conseguir autorizaciones ya sea de los pacientes, o de sus familiares, para poder avanzar con la inmunización. Esta demora, que en la justicia creerían injustificada, más la decisión de no internar a ninguno de los ancianos cuando estaban graves, y una presunta falta de atención médica, son los tres ejes de la investigación en la que avanza el titular de la Segunda Fiscalía Javier Giaroli.

Una de las principales líneas de investigación es si en el hogar del sacerdote había una postura "antivacunas". Las casualidades ocurren, pero son raras. El sábado informamos que el sacerdote no estaba vacunado. Ayer, fuentes del caso aseguraron al Post que tampoco estarían vacunados el personal del geriátrico, ni los médicos que habrían atendido a los ancianos. De hecho, el director técnico del hospicio, un médico de apellido Santamarina, estuvo internado por coronavirus. También su esposa. Por eso, los residentes del hogar fueron "atendidos" por otra profesional. Las comillas tienen una explicación: la médica que se hizo cargo de los pacientes durante las semanas críticas en que ocurrieron los decesos, no habría estado en el hogar en sí. "La doctora está embarazada y por eso no iba. Las comunicaciones para saber el estado de los pacientes eran telefónicas" contó un informante. Este dato, de ser certero, fue prolijamente omitido por el cura Yañez en una entrevista que le hicimos el viernes, en la que sus respuestas, por incoherentes e insólitas hacían "agua" por todos lados. Incluso afirmó que "los médicos" le habrían transmitido que los ancianos pudieron haber muerto por la aplicación de la vacuna de la gripe. Esta inoculación -que no es voluntaria- atrasó más el proceso de vacunación en el hogar, por el que las autoridades de Salud en el sur venían pidiendo. Y al final ocurrió lo que estaba determinado: estalló un brote el 1 de junio, y murió más de la mitad de la población del geriátrico.

La actuación que pudo caberle a la médica voluntaria es importante. Porque además de las "revisiones telefónicas", ninguno de los residentes fue internado cuando empezaron a ponerse graves. Los trataron en el geriátrico con concentradores de oxígeno, y antibióticos, entre otros medicamentos que presumiblemente habría indicado la médica, pero muy probablemente sin haber visitado el hogar. Aún no se sabe quién firmó los certificados de defunción. Pero en la fiscalía querrían saber cómo determinaron las muertes y sus causas, si la médica que estaba a cargo aunque fuera de modo "sui generis" no habría visto los cuerpos.

Como se sabe, Yáñez argumentó que los ancianos no fueron inoculados ni internados porque no había autorización firmada de los pacientes o de sus familiares. Al no ser obligatoria, las personas deben dar su consentimiento a la inoculación contra el covid. Y como algunos de los pacientes tienen problemas cognitivos, males muy avanzados, o no están conscientes, se pide autorización a los familiares. Según parece, y en contrario a lo que afirmó Yáñez, el sacerdote propietario del hogar no habría conseguido ni una sola autorización en meses. Ni para vacunar, ni mucho menos para internar a los ancianos cuando explotó el brote y hubo que suspender la vacunación. ¿Se tramitaron realmente? En la fiscalía hay dudas. Sobre todo porque tendrían a mano el testimonio de una mujer que pasó por el geriátrico. A ella nadie le pidió autorización para inmunizarla. Tampoco a sus familiares.

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En verdad, la situación del sacerdote es compleja. Habrá que esperar su declaración en sede penal. Pero las explicaciones que ha dado hasta ahora a los medios, incluso en nuestro programa Te Digo Lo Que Pienso, resultaron insuficientes.

Yáñez es una persona complicada para declarar. Pareciera difuminar lo que dice detrás de oraciones confusas. Desde hace años fue sindicado como un "desobediente" en la diócesis católica de San Rafael, al punto que el obispo Eduardo Tausig decidió sancionarlo. Yáñez no puede oficiar ningún oficio ni sacramento ni público ni privado. Sin embargo, lo hace, como admitió en nuestro programa. El Vaticano ratificó el castigo el año pasado.

Años atrás, el cura tomó notoriedad al ser denunciado por presunto abuso sexual. El caso era de 2013 y se conoció en 2016 a través de la difusión de unos audios escandalosos, en el que dos jóvenes le acusaban de haber tocado en el trasero a otro mientras dormía. Las excusas que dio el sacerdote a quienes le interpelaban hubiesen sido condenatorias. De hecho, llegó imputado a un juicio oral. Pero el joven que habría resultado víctima nunca se presentó. Literalmente, se lo tragó la tierra. La acusación se cayó porque la declaración inicial del chico que denunció el ultraje, no había sido controlada por la defensa del cura. Y no se pudo incorporar como prueba. Por eso, fue absuelto.

El cura maneja la Fundación San Luis Gonzaga, que habría armado con una herencia de dinero y campos de su padre. Durante años, fue poblando el hogar al que llamó "Fundación Hogar de Jóvenes Religiosos San Luis Gonzaga", con internos del COSE y jóvenes perseguidos por la ley. Luego del escándalo de abuso, el ETI se los fue retirando, y entonces el cura habría "cambiado de ramo", optando por levantar un hogar de ancianos, que tiene exactamente el mismo nombre legal que su ex hogar de jóvenes. Ahora, lo investigan por la muerte de 15 ancianos, al menos 13 de coronavirus.

La figura que el fiscal estudiaría aplicar al cura es la de homicidio simple con dolo eventual. Es cuando una persona no tiene la intención de matar, pero su actitud y acciones "despreocupadas" conducen a la muerte. En este caso, de muchas personas. Es una acusación muy compleja de probar. El fiscal deberá demostrar en el curso de la investigación, que aunque no tenía intención de matar, el cura sabría que sus acciones podrían eventualmente conducir a la muerte de los ancianos. Es una figura que se aplica, por ejemplo, en las tragedias viales, o cuando alguien juega con un arma de fuego y mata "por accidente". En ese caso, las penas se agravan un tercio.

Lo próximo que va a ocurrir en este caso, es que serán citados a declarar la médica, personal del hogar, y luego el cura, que resultaría imputado. Los funcionarios de Salud que actuaron en el caso no son sospechosos de ningún delito, informaron fuentes de la investigación. Por el contrario, procuraron acelerar la vacuna que el cura habría estado dilatando.