Como el Estado ya no tiene interés en saber quiénes son los aportantes, la Inspección General de Justicia (IGJ) dio por terminado un juicio iniciado por la gestión de Macri.
Ya no interesa quién financia al Instituto Patria
Ya no se investigará quiénes son los aportantes del Instituto Patria. Ya que el juicio iniciado por el gobierno de Mauricio Macri para saber quiénes lo financiaban.
Todo se inició por medio de la Inspección General de Justicia (IGJ) a cargo de Sergio Brodsky en la gestión del ex presidente. Ahora fue desistida por la IGJ de Alberto Fernández, conducida por Ricardo Nissen.
Por ley, las asociaciones civiles que reciben más de $200.000 por mes deben presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos. Durante 2016, el Patria recibió donaciones de entre $200 y $65.000, que sumaron $251.450. La dependencia del Gobierno también exigió copia del libro de asociados, una fiscalización que se le realiza a todas las asociaciones civiles.
Ante la negativa a entregar datos, la IGJ de Macri sancionó al Instituto Patria, pero la asociación recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo de la Cámara Civil que la favoreció.
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Los camaristas de la Sala L dijeron que al dar los datos de los asociados se puede llegar a la persona y establecer "sus conductas y prácticas que solo mediando la expresa voluntad de esta pueden trascender la esfera de intimidad". Aquel fallo lo firmaron Víctor Fernando Liberman, Gabriela Alejandra Iturbide y Marcela Pérez Pardo.
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