¿Qué pasó con la causa por presuntas presiones a los dueños de C5N?

Es uno de los casos que hará "ruido" en Comodoro Py este año. El empresario mendocino Orlando Terranova (h) aparece imputado como parte de la maniobra.

¿Qué pasó con la causa por presuntas presiones a los dueños de C5N?

Por: Mendoza Post

La causa en la que se investigan supuestas presiones políticas, judiciales y empresarias a los dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y a Fabián De Sousa para que vendiesen C5N a un grupo relacionado al macrismo en 2017 estaría "dormida", por cuestiones en apariencia técnicas y una disputa por el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, y se espera que su reactivación sea una de las noticias judiciales de relevancia este año, en Comodoro Py. En ese caso, se investiga una denuncia del empresario De Sousa, socio de López, en la que sindicó a funcionarios de Mauricio Macri y empresarios relacionados al poder macrista en esos años por diversos delitos, que a criterio de la denuncia habrían configurado una maniobra para quitarles a los empresarios kirchneristas C5N, en 2017, y el resto de sus empresas.

El caso es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan e interviene la jueza federal Maria Romilda Servini, que el año pasado se excusó y en septiembre fue confirmada por la Cámara Federal para que siga investigando. Uno de los imputados por la justicia en este expediente es el empresario mendocino y piloto de rally Orlando "Orly" Terranova, hijo del empresario de medios y publicidad Orlando Terranova. También está imputado el empresario Ignacio Rosner, quien aparecía como titular de un fondo de inversión para quedarse con las empresas de López y De Sousa. En tanto que Cristóbal López aparece en este caso como testigo, y declaró que en 2015 Macri le había advertido que quería a "Cristina presa" y que debía cambiar la línea editorial de C5N. Terranova y Rosner fueron imputados después de la declaración de Cristóbal López.

Una de las imágenes actuales de Cristóbal López.

La causa está "dormida" según puntualizan medios porteños citando fuentes del oficialismo. Días atrás, Infobae explicó que "Fue en esa causa en donde la jueza dispuso analizar los teléfonos de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. Como la jueza había dispuesto que ese análisis se hiciera entre 2016 y 2019, las defensas impugnaron el período y la Cámara Federal instó a acortar el período de ese análisis a hechos puntuales enmarcados en la causa" lo que motivó protestas en Twitter de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, por la "impunidad".

El grupo Terranova estuvo a punto de quedarse con C5N en 2017, pero finalmente la operación se abortó. De Sousa denunció una maniobra extorsiva, y luego de las imputaciones y pedidos de indagatoria, la causa habría quedado frenada a raíz -presumiblemente- de las disputas legales respecto del alcance del entrecruzamiento de tres años de llamadas del ex presidente Mauricio Macri. Los denunciantes intentan demostrar que fueron citados por funcionarios del macrismo en aquellos años, a reuniones en las que eran inducidos a vender sus empresas. Parte de las comunicaciones que investigan en este caso son las de Orly Terranova con funcionarios del macrismo, con López y De Sousa, y con el propio Macri.

Terranova es uno de los imputados.

Antes, López y De Sousa fueron acusados de una maniobra impositiva fraudulenta, por la AFIP que en aquel momento era conducida por Alberto Abad. Fueron imputados por retener indebidamente unos 8.000 millones de pesos y pasaron varios meses presos. De Sousa estuvo 20 meses detenido, y niega las acusaciones. Aunque fueron liberados tras el pago de una caución, siguen procesados.

Los últimos actos de este caso en el que está imputado el mendocino Terranova por las supuestas presiones a los dueños del Grupo Indalo, tuvieron que ver con el pedido de indagatoria que hizo el fiscal Marijuán para Alberto Abad, y que la jueza Servini autorizó y fijó para fines de marzo de este año. 

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