El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas otorgó el viernes posesión de tierras a comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe. Pero hay fallos a favor de los propietarios reales de parte de esas tierras, que son privados y empresas. Asoma otro conflicto con Nación.
La increíble historia judicial tras las tierras que les dieron a los mapuches
El asunto es complejo. Pero de todos modos permite avizorar un nuevo conflicto entre el gobierno de Mendoza, y las ramas más radicalizadas del kirchnerismo en el gobierno nacional, a raíz de una polémica medida que tomó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el viernes, al ceder a dos comunidades mapuches de San Rafael y Malargüe la cantidad de 21.500 hectáreas de tierra en el sur provincial. A través de dos resoluciones (click aquí y aquí), les dieron la posesión de esas tierras, una figura que requiere de más acciones para traspasarles la "propiedad comunitaria" definitiva. En ambos casos, estas comunidades se ampararon en la ley nacional 26.160 que suspendió por tres años en noviembre de 2006 todo tipo de ejecuciones contra grupos de pueblos originarios que demostraran fehacientemente ocupar tierras que estén en litigio, prácticamente desde siempre. Esa ley fue prorrogada sucesivamente en 2009, 2011, 2013, 2017 y 2021.
En el gobierno de Mendoza, donde estuvieron estudiando las resoluciones del INAI durante el fin de semana, estaban preocupados. Aparentemente, el estado provincial tendría que sancionar una ley expropiando esas tierras, pagarles a los dueños reales, y luego cederlas a los mapuches cuyas comunidades aún no tienen siquiera personería jurídica y está en trámite. Pero en el estudio del caso aparecieron sorpresas. La primera, es que las dos comunidades beneficiadas por las resoluciones del INAI tienen juicios perdidos con los propietarios dominiales de parte de las tierras que ocupan.
Los casos
La comunidad Lof "El Sosneado" y una mujer llamada Nilda Edith Verón perdieron efectivamente un juicio contra la minera SOMINAR (Sociedad Minera Argentina), el año pasado. Ese fallo (click aquí) fue firmado por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, de la segunda circunscripción judicial (San Rafael), por la ocupación de una estancia en el paraje Arroyo Blanco. Los ocupantes mapuches apelaron y ahora el caso está en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Los otros beneficiarios de una de las resoluciones del INAI son la Lof Suyai Levfv, y un señor llamado Elio López, que se presentó ante la justicia como mapuche integrante de la Lof luego de iniciado el conflicto por las tierras con el propietario Jorge Luis Luchessi, un arquitecto muy conocido de San Rafael que compró un paraje en Los Molles y en 2012 se encontró con una familia levantando cercos y una vivienda en el lugar. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya falló en noviembre de 2021 a favor de los dueños reales y en contra de esta comunidad mapuche. No está claro si las resoluciones del INAI que dió la cesión de tierras a estas comunidades, contienen o no las tierras en litigio judicial, aunque en el gobierno provincial suponen que sí (la letra de las resoluciones habla de "ocupación actual") y estaban revisando cada mapa en detalle.
Mapuches cortando el camino a Vaca Muerta, semanas atrás.
El caso de la Lof "El Sosneado", que se presenta como una reivindicación de pueblos originarios, en realidad sería un problema de alquileres. La minera SOMINAR compró esas tierras en 1942, a "Química Williams", su anterior propietario. Luego y por muchos años, alquiló fracciones de esas tierras a distintos productores locales, todos dedicados a los animales y al campo. Uno de los arrendatarios fue Quintin Verón, padre de Nilda Verón, la mujer que perdió la demanda el año pasado. Verón "padre" alquiló el inmueble de Arroyo Blanco por muchos años, desde 1980, en contratos que renovaba cada tres años y que empezó a firmar recién desde 1990. Pero el hombre murió y en 2007 una adenda al contrato pasó a su viuda y a sus hijas. Nilda Verón firmó el último contrato, pero desde 2011 se negó a pagar el canon, a desocupar el inmueble, y no dejó que los propietarios reales ingresen. SOMINAR empezó una batalla legal que finalmente ganó. También una demanda por usurpación. Pero lo interesante es que en el proceso la señora Verón se amparó en la ley 26.160 que protege la tierra ocupada por comunidades indígenas, desconoció la propiedad de SOMINAR, dijo que esas tierras habían sido ocupadas desde sus "ancestros" durante por lo menos 150 años, y que eran de propiedad comunitaria. También informó que el INAI la censó como miembro de la lof y autoridad comunitaria o "Werken". Pero al final del camino, la cámara consideró que la minera había probado la propiedad de la tierra, que la familia de Nilda Verón había alquilado para pasturas por años y pagaban un canon, y que además, esas tierras en litigio no estaban incluidas en un censo de tierra mapuche del INAI. La cereza del postre fue que la comunidad lof El Sosneado se había formado en 2011, y no era ancestral ni originaria del lugar. Ahora, con las nuevas resoluciones del INAI, habrá que ver qué ocurre.
El caso de la comunidad Lof Suyai Levfv y el juicio del arquitecto Jorge Luis Luchesi contra Elio López, ya con fallo de la Corte que se puede consultar en este link, tiene ribetes similares.
En 2012, Jorge Luis Lucchesi, Nelia Lambardi de Lucchesi, Clara Delfina Bombal y María Rosa Aldao (en representación de sus hijos) accionaron contra un sr Elio López, que había levantado una construcción y alambrados en tierras de los demandantes, en Los Molles, Malargüe, a la vera del Río Salado. Eran varios lotes de una propiedad. Cuando la causa llevaba varios meses, López -que había argumentado ser ocupante del lugar desde hacía más de 20 años- se amparó también en la ley 26.160, aquella que declaró la emergencia en materia de posesiones de tierras supuestamente aborígenes, y pidió la suspensión de la ejecución que estaba en marcha. El caso fue largo. Luego de sucesivas órdenes de desalojo, en 2015, intervino la lof Suyai Levfv, cuyo trámite de inscripción fue iniciado por el propio demandado Elio López. Igualmente, una jueza en primera instancia ordenó suspender la ejecución y desalojo. La demanda siguió. Intervinieron la Dirección de Derechos Humanos de la corte local (por entonces manejada por el kirchnerismo), y el INAI en favor de los demandados, hasta que en 2021 la sala civil de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictaminó que la ley 26.160 no era aplicable en este caso. En el medio hubo una demanda laboral que llegó a conciliación entre dueños de unas cabañas llamadas "El Puesto" para la que Elio López y parte de su familia trabajaron, y que eran algunos de dueños reales de la tierra.
La justicia concluyó que López y su familia no eran ocupantes ancestrales, sino que el padre de López había llegado desde San Rafael en 1989, a trabajar en las cabañas "El puesto", ubicadas en las tierras que luego ocuparon sus familiares.
Igual que en el caso de San Rafael, finalmente, el terreno reclamado por la lof, integrada por el tal Elio López y su familia, está afuera de los límites de un censo realizado por el INAI, según el fallo de la Suprema Corte publicado en noviembre de 2021 y que se puede consultar en este link.
La cuestión política
En los casos de San Rafael y de Malargüe, las comunidades, familias, que quieren quedarse con tierras que están a nombre de otras personas, privados y empresas que probaron su propiedad, son pacíficas. Pero en Mendoza el gobierno está en alerta desde hace rato, cuando con el kirchnerismo empezaron a aparecer nuevas comunidades "mapuches" en Chubut, Río Negro y Neuquén. Los últimos aparecieron cortando accesos a Vaca Muerta semanas atrás.
Desalojo de ocupaciones ilegales en Villa Mascardi.
En Lago Puelo, una ciudad turística chubutense que limita con El Bolsón, en Río Negro, fueron llegando con la anuencia del intendente kirchnerista local Augusto Sánchez, montones de "mapuches" que provenían de la provincia de Buenos Aires. Dos años atrás, quien por entonces era ministro de seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni, dijo en nuestro programa "Te Digo Lo que Pienso" que se emite por Radio Nihuil, que las ocupaciones de tierras en Chubut y Río Negro reivindicando supuestos derechos aborígenes, eran protagonizadas por "supuestos mapuches inorgánicos, miembros de organizaciones sociales, la izquierda, piqueteros y militantes del oficialismo de la provincia de Buenos Aires". En Lago Puelo, por caso, unas cien familias mapuches perdieron todo por los incendios forestales de 2020 y 2021. Cuando empezaron a reubicarlos, ya se habían multiplicado por diez, con nuevo ciudadanos mapuches "autopercibidos". Unos avivados.
En El Bolsón, militantes del terrorista Facundo Jones Huala -el jefe de la RAM o Resistencia Ancestral Mapuche que acaba de ser detenido este lunes en El Bolsón- incendiaron en octubre de 2021 el antiguo Club Andino, y amenazaron a la gobernadora Arabela Carreras, que tuvo un fuerte diferendo con Nación por la indefensión de los pobladores de la comarca andina ante los ataques de estos supuestos mapuches. Una familia mendocina incluso permaneció ese año de rehén muchas horas, de noche, en un corte por donde no les permitían pasar. Los incendios de propiedades en Villa Mascardi ocuparon parte de la agenda nacional el año pasado. La simpatía de la por entonces titular del INAI Magdalena Odarda por estos grupos motivó que Alberto Fernández le pidiese la renuncia. Odarda fue señalada por la gobernadora Carreras como "protectora de los violentos" y se tuvo que ir.
En Mendoza, nadie hablaba de los conflictos de tierras con mapuches. Que por ley, se están resolviendo a favor de las comunidades originarias, siempre que cumplan las condiciones que establece la ley 26.160, que estén censadas, y que las tierras estén verificadas por el INAI. En su mayoría, son tierras en conflicto con privados, como ocurre con los vecinos de Mascardi en Bariloche, o con el millonario Luciano Benetton en Chubut. Fue en un conflicto por esas tierras en Cushamen, cuando se ahogó Santiago Maldonado cruzando el río Chubut.
Pero aquí estos problemas no eran un asunto de agenda política. Hasta que el INAI cedió el viernes 21.500 hectáreas a estos dos grupos de familias de San Rafael y de Malargüe, que perdieron conflictos judiciales con propietarios reales de tierras que ocupan. El primero en señalarlo fue el senador y ex gobernador Alfredo Cornejo, en un ácido posteo en Twitter el sábado:
Primero la negativa a realizar Portezuelo del Viento y ahora esto. ¿Hasta cuando van a seguir haciendo daño el Gobierno Nacional de @alferdez y el Kirchnerismo, en el Sur de Mendoza? pic.twitter.com/VSfXpgrXYV
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 28, 2023
Ante las críticas, hizo otro posteo más duro. "No hay ni hubo mapuches en Mendoza" escribió.
Desde el peronismo aún no le han contestado. Pero hay quienes se han puesto a estudiar a fondo la cuestión, y amenazan con denunciar al gobierno provincial por "doble vara" si resisten la medida del INAI en favor de estos grupos. Ello, a raíz del caso de la cesión de tierras a la firma El Azufre para desarrollar un centro invernal en Malargüe. No son cuestiones parecidas. Una, es un conflicto entre privados que fue enmarcado por el gobierno nacional en un asunto de derecho de pueblos originarios. Y el otro, fue una cesión de tierras públicas para desarrollo. La diferencia es sustancial, pero en época preelectoral, nadie se va a fijar demasiado en los detalles y la pelea será brava.
Lo que asoma ahora es un nuevo conflicto con Nación, luego de la discusión por Portezuelo del Viento. Así, fuentes del gobierno mendocino admitieron que se estudiarán a fondo las resoluciones del INAI a favor de estos grupos que consiguieron el amparo nacional, para intentar revertir las resoluciones de posesión de la tierra, y que no sea la provincia de Mendoza la que termine pagando "una decisión de pura ideología" dicen.
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