Finalmente, el oficialismo aceptó eliminar a Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA de la lista de empresas "privatizables".
Sin Aerolíneas: las 8 empresas a privatizar que quedaron en la Ley Bases
Finalmente, ni bien arrancó la sesión, el senador Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, confirmó la modificación de la lista de empresas estatales sujetas a privatización, incluidas en la Ley Bases, excluyendo a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) tras intensas negociaciones y presiones de diversos sectores.
La iniciativa original generó una fuerte oposición, especialmente de los sindicatos y algunos sectores políticos que argumentaban la importancia estratégica y social de estas empresas. Finalmente, el Gobierno cedió y propuso excluir a estas tres compañías del listado de privatizaciones.
Con esta modificación, la lista de empresas estatales que siguen en la mira para ser privatizadas quedó reducida a ocho:
1- AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)
2- Energía Argentina S.A. (ENARSA)
3- Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte)
4- DIOXA (Desarrolladora de Infraestructura y Obra Pública S.A.)
5- Intercargo S.A.C. (servicios aeroportuarios)
6- Nucleoeléctrica Argentina S.A.
7- Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
8- Administración General de Puertos S.E.
Quienes se oponían a incluir en la lista a Aerolíneas Argentinas hicieron hincapié en que ha sido históricamente un símbolo nacional y su privatización sería vista como una pérdida de soberanía en el sector aéreo. Agregaron que el Correo Argentino, por su parte, juega un rol crucial en la logística y la comunicación nacional, mientras que RTA gestiona los medios públicos de radio y televisión, "siendo clave para la difusión de la cultura y la información pública".
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El proceso de privatización de las 8 empresas que sí quedaron en la Ley Bases será supervisado por la Comisión Bicameral y la Auditoría General de la Nación para asegurar transparencia y eficiencia en cada transacción.
Los defensores de la privatización argumentan que es necesario reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia de las empresas públicas, que en muchos casos han sido vistas como ineficientes y deficitarias. Por otro lado, los opositores temen que la privatización pueda llevar a la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de los servicios públicos y la entrega de activos estratégicos a manos privadas.
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