El Poder Ejecutivo decidió definir qué organismo llevará a cabo el control de gastos de las casas de altos estudios.
El Gobierno definió qué organismo auditará las universidades públicas
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, informaron fuentes oficiales.
%uD83D%uDD34 #AHORA | Estudiantes de la Universidad de Río Cuarto rechazaron tomar la institución en repudio al veto a la ley de financiamiento universitario%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFC A diferencia de otras universidades del país, los estudiantes de la UNRC decidieron no ocupar las instalaciones. pic.twitter.com/E7EIBpeS7K
— Perfil Córdoba (@perfilcordoba) October 15, 2024
La noticia se comunicó a los diputados del PRO y del MID por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo durante las reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada. Al día siguiente, se formalizó el dictamen que enfatizaba la importancia de mantener mecanismos de control sobre la gestión pública, subrayando los principios de ética y transparencia como pilares fundamentales.
Barra también aclaró que la normativa vigente no impide a la SIGEN ejercer el control interno, y que la obligación de las universidades de establecer sistemas de auditoría interna no contradice esta nueva función. Según el procurador, ambos tipos de control coexisten en muchas entidades descentralizadas y autárquicas sin conflicto.
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Esta medida surge en un contexto de tensión entre el Gobierno y las autoridades universitarias, en medio de un debate sobre la gestión de recursos públicos. El presidente Javier Milei expresó su preocupación al afirmar que, en un país con altos índices de pobreza infantil, la universidad gratuita se convierte en un subsidio que beneficia a los más favorecidos. Durante un evento reciente, Milei destacó la necesidad de revisar la distribución de recursos en el sistema educativo.
Rodolfo Barra.
La situación se intensificó tras el veto presidencial a un proyecto de ley que preveía aumentos salariales para el personal docente y no docente, lo que generó descontento y protestas en varias instituciones educativas.
El Poder Ejecutivo también busca implementar controles más estrictos sobre los procedimientos de compra en las universidades, alineándolos con los estándares de la administración pública. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anticipó esta medida, que proviene de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, bajo la dirección de Alejandro Álvarez.
Ver: Javier Milei: "No está en discusión la universidad pública"
Desde el gobierno se aseguró que se están analizando mecanismos para implementar estos controles sin afectar la autonomía de las universidades, enfatizando que el objetivo es aumentar la transparencia en la gestión.
En conclusión, el dictamen de Barra establece que las universidades nacionales están sujetas a un doble control: externo, a cargo de la AGN, y interno, por parte de la SIGEN. Este marco normativo, según el documento, busca garantizar una gestión más eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos destinados a la educación superior.
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