Se presentó un polémico proyecto para que los funcionarios de Mendoza se realicen tests periódicamente, con motivo de "dar el ejemplo" y combatir el consumo problemático.
Un senador mendocino quiere controlar el consumo de drogas en funcionarios
Con la vuelta a la actividad de la Legislatura provincial, son varios los proyectos de Ley que comenzarán a dar vueltas por los pasillos de los recintos. Este miércoles, un senador de La Unión Mendocina presentó un proyecto de Ley para controlar y erradicar el consumo problemático de drogas en funcionarios provinciales.
Dicho proyecto fue presentado por el senador provincial Marcos Quattrini, que pertenece a La Unión Mendocina y fue el mismo que presentó el proyecto que busca crear el "Día de la Reina de la Vendimia". En esta oportunidad, el proyecto de Quattrini busca lograr que el Gobierno provincial dé el ejemplo y sus funcionarios estén limpios del consumo de drogas.
En los fundamentos del proyecto de Ley, se señala que "debe brindarse a la sociedad un modelo a seguir, una línea directriz de lo que debe ser y hacerse, comenzando principalmente por los funcionarios de los estados provincial y municipal, que son los primeros que deben dar el ejemplo de ética, de moralidad, de buena conducta y probidad. No alcanza con que los funcionarios demuestren su deseo de que se luche contra las drogas, sino que deben dar el ejemplo en su día a día".
"Frente al consumo problemático, la conducta de los agentes que desempeñan un empleo, cargo, comisión subordinada al Estado, puede verse gravemente afectada en cuanto a su obligación de apegar su conducta a los principios de legalidad, honradez, probidad y eficiencia", continúa el fundamento.
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Luego, en el proyecto se enumeran los artículos que se buscan sean tratados en las Cámaras. En el artículo 1°, se establece que debe ser un requisito de permanencia en "los niveles políticos y/o jerárquicos dela función pública, el carecer del carácter de consumidor problemático de drogas ilegales".
En su segundo artículo, el proyecto señala que "la presente ley es de orden público y comprende a los funcionarios públicos, según lo establecido por el artículo 3 de la Ley 8993. Cada uno de los Poderes del Estado designará al responsable de la aplicación de la presente Ley".
El artículo 3° establece que los funcionarios deberán someterse a un examen de detección de metabólicos de drogas en orina "para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos". A su vez, el texto aclara que dicho examen deberá realizarse "en el plazo de tres (3) meses de la puesta en vigencia de la presente Ley y con periodicidad de un (1) año".
El texto del proyecto establece, además, que el funcionario que dé positivo en las pruebas, tiene derecho a exigir una contraprueba, en el lapso de 5 días. Mientras que, de darse nuevamente un resultado positivo, se procederá a la suspensión del funcionario público (Art. 5°), siendo el Estado el que se encargue de definir los medios para la recuperación de la persona.
A su vez, señala que el organismo encargado de llevar a cabo los testeos sería el Cuerpo Médico Forense (Art. 6°), mientras que se invita a los municipios a adherir a la Ley, de ser sancionada.
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