Se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados y ahora el debate pasa al Senado. La iniciativa promovida por la ministra Mercedes Rus busca regular la actividad de seguridad y vigilancia privada en Mendoza.
Avanza la reforma de la ley de Seguridad Privada: claves y por qué hay quejas
Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una modificación a la ley 6441 que regula la actividad de seguridad privada. Esta iniciativa, propuesta por la ministra Mercedes Rus, fue aprobada con el respaldo de todos los bloques oficialistas y la resistencia de parte de la oposición peronista y de La Unión Mendocina.
Entre los puntos más destacados de la reforma, se encuentra la creación de un registro único de empresas y personal de seguridad, que según el Gobierno permitirá un mayor control sobre la actividad. Además, se exigirá la capacitación obligatoria para los empleados de las compañías, "asegurando que cumplan con estándares mínimos de profesionalismo y competencia".
La reforma también propone un sistema de sanciones más riguroso para quienes operen sin cumplir con la normativa o incurran en "malas prácticas". Otro aspecto relevante es la implementación de tecnologías para optimizar el monitoreo y las comunicaciones entre empresas y organismos estatales.
Entre otros puntos, la normativa que ya tiene media sanción en la Legislatura establece que las empresas de seguridad privada deberán "proveer a su personal de uniformes, vehículos, material reflectivo y demás material, en relación a los objetivos a cumplir y dependiendo del tipo de actividad y de conformidad con lo que establezca la reglamentación".
José Vilches, diputado de la UCR, fue el vocero del oficialismo en defensa de la normativa y planteó para justificar la reforma: "En 1997, fecha en la que fue sancionada la ley 6441, existían sólo 20 empresas de seguridad privada con un total de 400 vigiladores que trabajaban en ella. Hoy están habilitadas 174 empresas y más de 10.000 personas habilitadas para trabajar como vigilantes".
José Vilches, diputado de la UCR.
Planteos de inconstitucionalidad
Al mismo tiempo, la regulación que busca aplicar el Ministerio de Seguridad contiene algunos aspectos controversiales que, para algunos, serían inaplicables.
Uno de los puntos de la reforma a la ley es prohibir que las cooperativas cumplan funciones de seguridad privada: se permite que sigan funcionando las que ya están operativas, pero se les prohíbe sumar nuevos clientes. Esto afecta principalmente a dos prestadores de servicio, de gran envergadura, que están conformadas como cooperativas: Sarpol y SIG. Desde este sector cuestionan la medida impulsada por Rus y sospechan de lobby de empresas competidoras.
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Al respecto, el proyecto establece: "Las siguientes personas jurídicas no podrán ser prestadoras de seguridad privada: a) Asociaciones Civiles, b) Simples Asociaciones, c) Fundaciones, Mutuales y d) Cooperativas, con excepción de las que estén constituidas antes de la vigencia de la presente ley y autorizadas por el registro dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, podrán seguir prestando el servicio de seguridad privada a la comunidad sólo en los objetivos ya autorizados y/o relacionados, con el alcance y según reglamentación".
Otros puntos que cuestionan, por presunta inconstitucionalidad, es que si se aprueba la reforma, las empresas de seguridad privada estarían obligadas a entregar todo tipo de información que requiera el Ministerio de Seguridad, sin la intervención de fiscales ni jueces de Garantías. Y ante una emergencia pública, las compañías del sector tendrían que "prestar" a su personal para que colaboren con la seguridad pública.
"Imaginate que personas que no están formadas como policías tengan que cumplir esa función, con el sueldo pagado por nosotros y además teniendo que desproteger a nuestros clientes", se quejó un referente del sector a este diario.
A partir de la semana próxima, el proyecto del Gobierno se tratará en el Senado, primero en comisiones y, eventualmente, en el recinto.
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