Nuevas reglas para empresas de seguridad privada en Mendoza

 En una sesión clave para la provincia, el Senado de Mendoza aprobó por mayoría un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca regular la actividad de seguridad y vigilancia privada. Esta nueva normativa se propone modernizar y adecuar el marco legal que regía desde 1997, con el fin de responder a los cambios sociales y avances tecnológicos que ha experimentado este sector en las últimas décadas.

El senador Walther Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, fue el encargado de presentar el proyecto. En su intervención, destacó que la Ley 6.441, sancionada hace más de 25 años, ha quedado obsoleta frente al crecimiento exponencial de la seguridad privada en Mendoza. Actualmente, la provincia cuenta con 175 empresas y más de 10.000 vigiladores registrados. Sin embargo, uno de los principales puntos que señalaba Marcolini es que la normativa vigente no contempla la seguridad tecnológica, un área que hoy en día resulta crucial.

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La nueva ley no solo se enfoca en la seguridad humana, sino que también regula los servicios tecnológicos, como la instalación de alarmas y sistemas de videovigilancia. Además, establece pautas claras para la profesionalización del sector, imponiendo la educación secundaria como requisito obligatorio para los vigiladores. De esta manera, busca garantizar que el personal esté adecuadamente capacitado, lo cual, en palabras de la senadora Natacha Eisenchlas, "es un paso importante hacia la profesionalización de la actividad".

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la lucha contra la clandestinidad en la prestación de servicios de seguridad privada. Para ello, se creará el Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada Humana, Interna y Tecnológica, que dependerá del Ministerio de Seguridad y Justicia. Este organismo será el encargado de autorizar, habilitar y fiscalizar a las empresas del sector, y coordinará inspecciones conjuntas con otros entes, como la AFIP y las municipalidades, para asegurar el cumplimiento de las normativas.

El senador Gustavo Soto, del bloque oficialista, subrayó que la nueva normativa tiene el objetivo de fortalecer la colaboración entre el sector privado y el sistema de seguridad pública, garantizando una mayor protección para los ciudadanos.

La ley establece que todas las empresas de seguridad privada que operen en Mendoza, ya sean locales o filiales de otras provincias, deberán cumplir con los mismos estándares de seguridad. Esto permitirá uniformar la calidad del servicio y proteger los derechos de las personas que dependen de estos servicios.

Además, se implementará un sistema de sanciones que contempla infracciones leves, graves y gravísimas. Las penalidades pueden ir desde multas hasta la inhabilitación definitiva de las empresas que no cumplan con la ley. Un punto crucial de la normativa es la creación de la "responsabilidad solidaria", que establece que cualquier persona o entidad que contrate servicios de seguridad no habilitados será responsable solidaria por cualquier incumplimiento.

Si bien el proyecto fue aprobado por mayoría, no estuvo exento de opiniones en contra. El senador Valentín González, de la Unión Mendocina, expresó su desacuerdo y anunció que su bloque presentó un despacho en minoría que no fue acompañado. A lo largo del debate, también se escucharon las voces de senadores de distintos partidos, como Dugar Chappel del Partido Verde, Pedro Serra del Partido Justicialista y Germán Vicchi de la Unión Mendocina.

A pesar de las diferencias, la aprobación de este proyecto marca un hito en la regulación de la seguridad privada en Mendoza. El texto final ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su revisión, lo que pone en marcha un nuevo escenario en el que la seguridad privada deberá operar bajo un marco más estricto y profesionalizado, con el objetivo de mejorar los estándares de protección en la provincia.

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