El lunes 17 se hará el primer sorteo y serán 100 funcionarios de los tres poderes los que deberán hacer un test de detección de drogas.
Poggi implementa un "narcotest" para los funcionarios de San Luis
El próximo lunes 17 de febrero, la expectativa de los funcionarios públicos de San Luis estará puesta en la Lotería provincial. Pero no por un premio millonario, sino por el primer sorteo del "narcotest", un control toxicológico aleatorio aprobado por ley que alcanzará a 1500 miembros de los tres poderes del Estado provincial. Inspirado en los controles antidopaje del deporte, este mecanismo prevé sanciones severas para quienes den positivo en los análisis.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Marisa Patafio, del espacio del gobernador Claudio Poggi, quien en 2023 logró romper con la hegemonía de los hermanos Rodríguez Saá al ganar las elecciones en alianza con Juntos por el Cambio. Inicialmente, el proyecto no logró los votos necesarios en la Legislatura, pero Poggi aceleró su aprobación mediante un decreto que lo aplicaba a sí mismo, su vice y su gabinete.
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Clausio Poggi sacó la norma por decreto y, después, la aprobó la Legislatura
Tras la repercusión en redes sociales, la Cámara de Diputados dio media sanción y, finalmente, el Senado provincial convirtió la medida en ley el 12 de noviembre bajo el título de "Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico".
Sorteo y metodología de control
El organismo de aplicación quedó conformado esta semana con representantes de los tres poderes del Estado. Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, explicó que cada funcionario fue identificado con un número que será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis, responsable de la Lotería. El lunes, con presencia de un escribano, se sortearán 100 funcionarios que serán notificados por correo o WhatsApp y tendrán 24 horas para presentarse al análisis toxicológico.
"Quien se oponga o no asista a la segunda notificación cesará en sus funciones si pertenece al Ejecutivo. En el caso del Judicial y del Legislativo, será pasible de juicio político o jurado de enjuiciamiento", detalló Bazla.
El control estará a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis y detectará sustancias como cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos y barbitúricos, entre otras. El costo del análisis, estimado en $40.000 en diciembre, será pagado por cada funcionario sorteado.
Consecuencias de un resultado positivo
Si un funcionario da positivo, podrá solicitar una contraprueba en la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo costo asciende a $150.000. La sanción dependerá de la proporción detectada: valores bajos podrían derivar en tratamiento y contención, mientras que en casos más graves se aplicarán sanciones directas.
Los controles serán mensuales, excluyendo a quienes ya fueron evaluados, y en una segunda etapa incluirán a la Policía, el Servicio Penitenciario y personal de salud pública.
El "narcotest" ha generado preguntas frecuentes entre los funcionarios, incluyendo dudas sobre el consumo ocasional de drogas recreativas y la detección de medicamentos con prescripción médica. Bazla aclaró que cada persona deberá realizar una declaración jurada previa y que el consumo moderado de ciertas sustancias podría no ser detectado en el análisis.
El gobernador Poggi defendió la medida como una estrategia contra el narcotráfico y un compromiso con la seguridad: "La droga enferma a nuestros chicos, afecta a las familias y genera más violencia. Hay que cortarla de raíz".
Mientras la normativa avanza, los gremios estatales han manifestado su preocupación, mientras que algunos funcionarios han tomado la iniciativa de realizarse los controles de forma voluntaria. Entre ellos, el vicegobernador Ricardo Endeiza, quien en noviembre compartió su resultado negativo en redes sociales como muestra de transparencia.
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