Reforma de RTO: qué "radio de giro" le deja Milei a Mendoza

Se modifican los plazos de la VTV. En los cero kilómetro será de 5 años desde el patentamiento y a los 2 años si no es vehículo particular. En los vehículos de más de 10 años de antigüedad, la renovación será cada 2 años en particulares. Invitamos a las jurisdicciones a adherir. Sería importante que se sumen a la extensión de plazos de estos trámites que terminan siendo engorrosos y que son costosos.

La información la dio el vocero presidencial Manuel Adorni el martes 18, cuando bullía la polémica por el criptogate que aún tiene enredado a  Javier Gerardo Milei. Interpretemos con base a información ya suministrada. Después de conocida la presunta estafa digital, había trascendido que el Gobierno libertario daría anuncios fuertes para retomar el liderazgo de la agenda pública y con temas de alta incidencia como la privatización del Banco Nación, y así superar este capítulo dañoso para la imagen y credibilidad presidencial.

En ese contexto es que también aparece esta novedad de la flexibilización de los plazos de vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Hasta ahora en Mendoza los autos cero kilómetro tienen que hacer la primera RTO a los 3 años. A partir del séptimo año, la revisión pasa a ser anual. O sea todos los vehículos con más de 7 años de antigüedad en Mendoza deben hacer la RTO anualmente con un costo para este año de 31 mil pesos para autos particulares.

Ver: Nación extendió los plazos de la revisión técnica y "apuró" a las provincias

Los afectados, el gobierno de Alfredo Cornejo y empresarios de talleres verificadores, han acordado no opinar públicamente hasta que lean la publicación en el Boletín Oficial del decreto anunciado por Adorni. Puntualmente, quieren saber si es un DNU o un decreto simple que defina esta nueva situación desreguladora del estiramiento de las vigencias de las verificaciones.

Potenciales vías de escape

Entienden en el Palacio gubernamental mendocino que se trata de una medida dirigida a la Provincia de Buenos Aires, donde en ese territorio se han detectado algunos abusos o negocios paralelos con los controles que han terminado encareciendo las verificaciones. Los dueños de los talleres de nuestra provincia en ronda de consultas internas reconocen estas situaciones que los han dejado expuestos a distintos vaivenes de las decisiones políticas.

En las áreas específicas del Ministerio de Seguridad de la Provincia debaten también las distintas hipótesis según la incidencia que tenga la nueva disposición legal avisada por el apurado gobierno central. Veamos.

• Si es un DNU. Entonces el gobierno local le quedará poco margen de maniobra porque saben que han adherido a la ley nacional de las RTO y un decreto de necesidad y urgencia modificaría esa normativa. Por lo tanto, entienden que el sistema contralor debería adecuarse a la letra nacional. Además, presumen que si las condiciones que fija la Nación son más laxas, en especial en el alargamiento de los plazos de las verificaciones, entonces sobrevendrán los reclamos de los usuarios y ese malestar se hará sentir en plena campaña electoral.

• Si es un decreto simple. En esta potencial circunstancia entonces la Provincia puede poner condiciones más acorde a los intereses propios y coincidente con los talleristas que ya vienen demostrando una resistencia difundiendo audios y videos de colegas suyos en otras provincias donde están manifestando su desacuerdo con la desregulación de la actividad. En Mendoza hay 23 talleres habilitados y avisan que ya varios no son rentables por la falta de concurrencia de vehículos a realizar la revisión técnica. Se enojan y apuntan a la dirigencia política a la que señalan como carente de compromiso con la seguridad vial y la acusan de definir estas cuestiones de acuerdo para dónde "corre el viento" electoral.

• Variantes. El texto del Ejecutivo nacional del decreto esperado incluye la diversificación de las tareas de los talleres revisores. Esto es que las mismas concesionarias podrán instalar en sus dependencias un área de RTO. Pero además, para los ya instalados podrían ampliar los servicios para dotar de elementos y conocimientos de seguridad vial a los conductores. Además, podrían definir áreas más específicas para quienes conducen profesionalmente y en ese mismo ámbito proveer de tecnología para detectar condiciones o circunstancias de posibles riesgos de accidentes como son los detectores de alcohol en la cabina de los camiones de transporte de grandes contenidos. Observando el panorama, la ruta a la desregulación sería difícil de evitar.