El juez electoral de Mendoza, Walter Bento, le había pedido a la Justicia Correccional de Mendoza que investigue si el gobernador provincial cometió delito al presentarse como precandidato a senador nacional y si se valió de su cargo para violar la Constitución.
Para la Justicia, Suarez no comete delito al ser precandidato
La precandidatura del gobernador Rodolfo Suarez a senador nacional suplente estuvo acompañada de impugnaciones de distintos espacios políticos. Aseguraban que el mandatario no podía participar de la elección porque la Constitución de Mendoza fija en su Artículo N° 115 que el Gobernador no puede ser electo senador hasta un año después de finalizar su mandato. El argumento de Cambia Mendoza es que ese artículo está en desuso, debido a que los senadores no son más electos por la Legislatura provincia y lo son por voto directo.
Fue el juez electoral Walter Bento quien tenía que decidir si Suarez estaba o no habilitado a presentarse, mientras ejerce la Gobernación, como precandidato. El magistrado resolvió que sí puede hacerlo, tomando el argumento del actual voto directo para ocupar una banca en el Senado de la Nación. Sin embargo, envió una compulsa a la Justicia Correccional de Mendoza para que se investigue si el gobernador cometió delito al ubicarse como suplente en la boleta de Cambia Mendoza y si se valió de su cargo para violentar la Carta Magna mendocina.
La fiscal correccional Gabriela García Cobos, quien tomó el caso como subrogante, determinó que Rodolfo Suarez no cometió ningún tipo de delito al presentarse como precandidato mientras ejerce como Gobernador.
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La magistrada fundamentó en su dictamen sobre la compulsa enviada por el juez Bento en que hay que realizar "una interpretación integral" de que en la actualidad "la elección de miembros del congreso es en forma directa". Por lo tanto, argumenta García Cobos, que como "la normativa (Artículo 115) ya no responde al objetivo originario al momento de su sanción, mal podríamos pensar que en el caso de marras haya voluntad de violar una norma en su esencia inaplicable".
Luego la fiscal decreta que "tampoco hay evidencia alguna de utilización de la función pública (del gobernador Suarez) como medio o instrumento para violar la normativa constitucional".
Es decir, el dictamen es claro en dos aspectos: que no hay delito al ser precandidato siendo gobernador y que la decisión es política y por lo tanto no es judiciable.
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