La trama detrás de la detención de los sindicalistas estatales

Alguien con antecedentes penales que corta rutas y calles bloqueando y aislando una de las áreas urbanas más importantes del país, el Gran Mendoza, lo que busca es ser detenido para luego denunciar la criminalización de la protesta y sacarse fotos con las manos esposadas en alto, y un enorme gesto de satisfacción. Tal "distinción" podría significar rédito político en organizaciones políticas y gremiales, del mismo modo que implicaría el repudio mayoritario del común de las personas que no participan del conflicto entre los sindicatos y el gobierno, y que necesitan trabajar, llegar a su casa, trasladarse con sus familias, proveer a alguien de mercadería para vender. El secretario general de ATE Roberto Macho consiguió ayer ingresar a este dudoso "cuadro de honor", luego de dos semanas de cortes, interrupciones y entorpecimiento del tránsito en la Ruta 40 cerca de Zapata, la Ruta 7 a la altura del cruce a la provincia de San Luis, el Hospital Notti y el camino a la zona de montaña, el Acceso Norte, y de haber bloqueado los accesos a la Casa de Gobierno la semana pasada. La primera de las cinco imputaciones que le hicieron ayer datan del 14 de julio, cuando bloqueó totalmente la calle Salta, de Ciudad.

La protesta organizada por el jefe sindical y también por el gremio ATSA, aisló y bloqueó a decenas de miles de personas que cumplían su actividad diaria. La mayoría, la debe pasar igual o peor que los estatales con sus ingresos. Y no por ello están encendiendo la mecha en un barril de pólvora. Por si alguien no lo ve, los momentos del país son tan estables como un tanque de nitroglicerina. El Gran Mendoza es el centro neurálgico del comercio, la industria, los servicios, las comunicaciones, los vuelos, el transporte, la política y la institucionalidad de la provincia. No resulta lo mismo el foquismo violento desplegado por Roberto Macho y sus secuaces, que un acampe del Polo Obrero -a fin de cuentas, gente pobre de toda pobreza- en alguna calle del centro. Dicho esto, la letra del artículo 194 del Código Penal de la Nación es bien clara, y sanciona con prisión de tres meses a dos años a quien "...sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas". Ahora, la detención de Macho en un penal provincial y el procesamiento de su esposa y Secretaria Gremial Adriana Iranzo, y de la Secretaria General de ATSA Patricia Irrutia -dicen que se presentaría hoy- plantean también dilemas políticos y equilibrios muy delicados que resolver. En la cúpula del gobierno radical de Mendoza, la detención del dirigente sindical de ATE generó más preocupación que alivio. Temen que la arremetida del Ministerio Público Fiscal sea la chispa que provoque una explosión de dimensiones desconocidas. Por suerte, hasta ahora, no ocurrió.

Cómo fue

Antes de la detención de Roberto Macho y Adriana Iranzo, hubo situaciones que conviene repasar. Los cortes de rutas y calles arrancaron el viernes 22 de julio. Esa mañana, Mendoza fue un caos durante muchas horas. Se necesitó más de una hora para pasar por las rutas 7 y 40, donde estaban los piquetes de ATE y ATSA. El festival de cortes siguió toda la semana siguiente, con el masivo paro docente y la numerosa movilización encabezada por el SUTE y Ampros como escenario principal. El miércoles 27 bloquearon el Barrio Cívico. Ese día hubo mucho intercambio de mensajes entre funcionarios cornejistas y suaristas, que tenían ideas diferentes sobre cómo afrontar la violencia creciente. Uno, durante el sitio a la Casa de Gobierno, era particularmente sarcástico. Decía, palabras más... o menos, algo así como "¿Por qué no le alcanzan a Roberto Macho un cafecito... que está fresco... una camperita... a ver si está cómodo...?"

Desde los cortes del viernes 22, que sorprendieron a los mendocinos en las calles y rutas de la provincia realizando sus actividades, el Procurador General y jefe de los fiscales Alejandro Gullé tenía la sangre en el ojo, por el delito que a la vista de todo el mundo cometían los sindicalistas. Y habría dado la indicación de proceder legalmente en cada nuevo corte. Así, se fueron recabando actas y pruebas. El lunes 1, luego de una semana en que cientos de miles de personas quedaron de rehenes del conflicto, estaba todo listo para detener a los jefes sindicales, después de que no se presentaron a declarar. Algunos de ellos tenían reuniones paritarias. Y aquí pudo haber alguna intervención política. El ministro de Gobierno Víctor Ibañez estaba negociando la paritaria con los estatales. Y el de Seguridad, Raúl Levrino, había autorizado la vigilancia y relevo de datos en los piquetes, adscribiendo con perfil bajo al pedido que hacían los fiscales. Fernando Giunta, fiscal Correccional y de Tránsito, quería "ir al frente" con todo. Finalmente, las detenciones no salieron el lunes. Pero sí la negativa de ATE a la propuesta salarial del gobierno de un 44 % de aumento hasta agosto. Ayer, finalmente, salieron los pedidos de captura. El gobierno buscó no llamar la atención en el procedimiento para detener a Roberto Macho. Policías de civil lo abordaron cuando el gremialista salía del Hospital Notti, donde estaba en una actividad sindical. Los policías se identificaron, le mostraron el "orden del día" judicial, y le dijeron que estaba detenido y que debía acompañarlos a una dependencia policial. Dispusieron un vehículo adelante y otro detrás, y un policía a bordo de la camioneta Ford Ranger blanca último modelo que condujo el propio Macho hasta la Comisaría Tercera, en la calle Rioja de Ciudad. Allí se bajó y dijo a voz en cuello que estaba "detenido". Más tarde salió con las esposas puestas y exultante. Tal vez, habría calculado un triunfo político. Aunque si de verdad puede obtener rédito de la guerrilla callejera que ha montado tomando de rehenes a los mendocinos, sería un dilema social difícil de comprender.

La detención de Roberto Macho tomó por sorpresa al gobernador Rodolfo Suarez y al ministro de gobierno Víctor Ibañez. Se habrían enterado por Levrino una vez que se cumplió la orden del fiscal Giunta. No hubo comunicaciones entre Suarez y Gullé. El gobernador no interviene en los asuntos de los otros poderes. Y Gullé, que adhiere a la política de "mano firme" que impulsó Alfredo Cornejo con numerosas reformas judiciales desde 2015, parece decidido a avanzar y apelar cualquier pedido de liberación de Roberto Macho, que anoche fue alojado en el Módulo 1 del presidio provincial de San Felipe. El dirigente habría permanecido solo en una celda, con tratamiento VIP, y acceso a comunicaciones. Nadie cree seriamente que pase más de una o dos noches en el penal. Aunque es probable que su defensa deba batallar hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde la decisión final sería de la Sala Penal que integran Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio. No es difícil anticipar que con probables votos favorables de Palermo y Adaro, Macho recuperaría la libertad rápidamente. Con costo político a cargo del "ala peronista" de la corte local.

El auxilio del peronismo, el silencio empresario

Trece minutos antes de las diez de la noche, el PJ de Mendoza presidido por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti emitió un comunicado en el que denunció el "amedrentamiento y persecución sindical e ideológica del Gobierno de Mendoza". Luego, compararon al gobierno con la dictadura al mencionar "épocas oscuras del país", denunciaron la utilización de "alfiles judiciales" para perseguir a quienes piensan "distinto" y que tales detenciones eran "inaceptables". Enel siguiente posteo, se puede leer completo:

El comunicado del peronismo tiene una omisión importante, y un dato político. Nada dice el PJ de la imputación formal a los dirigentes, de los hechos en sí, es decir, de los cortes de rutas y calles. En los autos de imputación, hay una larga lista de líneas de transporte público de pasajeros que no pudieron circular con normalidad durante la saga de piquetes. El transporte es el principal objeto de cuidado del artículo 194 del CP. Y el dato político, es que la titular de ATSA Patricia Irrutia, que pasó el día con pedido de captura y a la que el PJ alude en su reclamo, es la secretaria gremial del peronismo. La dirigente fue autora de una frase predictiva el jueves 28 de julio frente al Notti: "Empezó la guerra... y empezó la guerra... ¿Quieren policías? ¡Vamos... Vamos... Vamos...!" arengó en un video compartido en las redes por el periodista de Radio Nihuil, Matías Pascualetti. La secretaria general de ATSA, que se sepa, no goza de inmunidades especiales por integrar la mesa de conducción del peronismo.

El comunicado del PJ tiene un tono esperable, aunque para gran parte del peronismo quedar al lado de Roberto Macho en la misma foto sería incómodo. Más sorprendente resultó un comunicado de los empresarios de casi todas las cámaras de Mendoza, anoche, en el que pidieron la abolición de las restricciones a las importaciones, ya que las medidas regulatorias del BCRA atentan contra la economía local. "Es importante poder atender en forma urgente las necesidades de las empresas a fin de garantizar la continuidad del proceso productivo, evitar complicaciones en las cadenas de valor, asegurar las exportaciones que permitirán el ingreso de divisas al país y el abastecimiento del mercado para los consumidores argentinos..." dijeron. Es extraño que no se hayan referido ni una sola vez en estos días -salvo algunos que fueron consultados- a los cortes de rutas y calles durante varios días, lo que seguro complicó sus operaciones. Sí lo hicieron por el invierno y los cortes del Paso Internacional. Pero parecen actuar con cierta reserva frente a los piquetes estatales. Llamó mucho la atención la tibieza, por caso, con la que el vicepresidente del CEM Pablo Giménez Rili se refirió a los cortes estatales la semana pasada, en nuestro programa Te Digo Lo Que Pienso.

La detención de Roberto Macho y otros jefes y jefas sindicales marcan un hito. Por lo menos, en Mendoza, hay quienes intentan hacer cumplir la ley y proteger los intereses de todos. Nadie dice que los trabajadores no tienen derecho a reclamar, a agruparse en sindicatos, a protestar, y a movilizarse. Pero no tienen el derecho de impedir o entorpecer el tránsito de miles y miles de personas, todo el tiempo. Lo dice el Código Penal, clarito como el agua. El estatus de sindicalista, político, o funcionario, no habilita a violar la ley. Por más que los reclamos sean atendibles, o justos, o razonables, o debatibles. Visibilizar la protesta no implica hacer cualquier cosa, aunque ello implique pisotear los derechos de otros miles de trabajadores y sus familias.

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